Un mes sin gas. Sin agua caliente ni cocina. Con gasistas y albañiles en cada departamento, en todo el edificio. Esta situación atraviesan las 28 torres de la ciudad de Santa Fe a las que Litoral Gas les cortó el suministro en los últimos seis meses y todavía no recuperaron totalmente el servicio.

La razón es la misma: sus instalaciones no cumplen con las normas de seguridad requeridas por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) exigidas por la prestataria y fueron emplazados a reacondicionarlas.

En todos, el procedimiento fue idéntico: un inspector visitó el edificio -a pedido del consorcio o para habilitar un nuevo usuario- y al revisar las conexiones desde la toma del gas de la red hasta llegar a cada domicilio halló que no eran las indicadas. Lo que difiere en cada caso es el plazo y el monto: el mínimo es de 30 días y de entre $1.000 y $10.000 por cada departamento. La variación radica en qué hay que cambiar y cuántos son los propietarios que costearán los arreglos.

Litoral Gas inspecciona los edificios ya habilitados por diferentes motivos: a pedido del consorcio, por posibles fugas o fallas, para conectar un nuevo usuario (los cambios de titularidad no requieren inspección) o por reconexión tras falta de pago. Allí, el gasista inspector verifica que se cumplan las condiciones de seguridad tanto en el departamento que requiere su presencia como en la conexión de todo el edificio. Si la red interna es la correcta, la empresa no corta el servicio ni inspecciona los demás departamentos. Pero si detecta una irregularidad exige la intervención de un gasista matriculado para solucionar el problema: el inspector notifica al consorcio que tiene cinco días para contratar uno que se responsabilice de los arreglos o, caso contrario, cortará el servicio.

De contratarlo, el profesional cuenta con un plazo determinado (suele ser de 30 días) para regularizar las instalaciones -troncales y domiciliarias- sin llegar al corte, siempre y cuando no existan pérdidas o condiciones de seguridad que deban ser corregidas de inmediato.

Vencido este tiempo, si no se hicieron los arreglos “por razones reglamentarias y de seguridad debemos cortar el suministro” explicó José María González, gerente de relaciones institucionales de Litoral Gas. Respaldó su argumento con las cifras: en jurisdicción de la empresa, 15 personas fallecieron por inhalación de monóxido de carbono causada por deficiencia de las conexiones en su jurisdicción, de 2009 a esta parte.

Tiempos y cortes

El temor se encendió el 6 de agosto de 2013 con la explosión del edificio en Salta 2141 de la ciudad de Rosario que dejó 22 muertos, más de 60 heridos y cuantiosos daños materiales. Desde entonces, “las inspecciones se intensificaron por el aumento de reclamos y denuncias, pero se hicieron siempre y nunca tuvimos inconvenientes”, sostuvo González.

De los edificios emplazados a hacer arreglos en los últimos seis meses, 28 todavía no recuperaron la reconexión total. De ellos, 20 fueron parcialmente habilitados: se devolvió el gas a los domicilios que regularizaron sus conexiones pero todavía quedan departamentos sin gas. A éstos se suman los 121 usuarios de los 8 edificios cortados totalmente porque no adaptaron su conexión y se venció el plazo o porque se hallaron pérdidas y no se solucionaron.

La cifra es considerablemente menor a la de hace una semana en que dos torres -de unos 80 departamentos cada una- se rehabilitaron totalmente: una está ubicada en Belgrano al 2900 y otra en Rivadavia al 2800. Sin embargo, puede acrecentarse en los próximos días: otros 15 edificios transitan el plazo de 30 días para regularizar sus conexiones sin que se les corte el servicio.

“En todos los casos, se notifica por escrito al consorcio, a la administración o al grupo de vecinos para regularizar su conexión -explicó José María González-. Ninguno puede darse por sorprendido”.

Si la conexión interna del edificio es la correcta, Litoral Gas no corta el gas ni inspecciona los departamentos. Si se readecúa en el mes de plazo, se habilita esta conexión interna y se cierran las válvulas domiciliarias para reconectar uno por uno, cuando cada departamento cambie su conexión particular y la instalación de sus gasodomésticos a las pautas de seguridad vigentes.

Cómo evitar los cortes

Existen en la actualidad cabinas de regulación de edificios que no cumplen con las normas actuales debido a su antigüedad: la norma de Enargas vigente es la NAG-200, que data de 1982. “Nos encontramos con reguladores obsoletos por falta de mantenimiento o por antiguos -más de 20 años- y con rejillas de ventilación tapadas y válvulas inoperables, entre otros problemas”, detalló el gerente.

Por consiguiente, todas las edificaciones cuya habilitación sea previa deben regularizar sus conexiones. “Tienen que contratar a un gasista matriculado para que revise la instalación y proponga las refacciones en cada caso y, de corresponder, presente la documentación en Litoral Gas”, agregó González. Todo parece indicar que también se trata de evitar problemas y ganar tiempo.

La queja de los usuarios

La batalla contra el tiempo tiene varios frentes tanto por los plazos establecidos por Litoral Gas como por el clima ante la inminente llegada del invierno.

Oscar Gorostiaga, administrador de dos de los tres monoblocks del Parque del Sur, coordinó las obras con las 80 familias que viven allí. En estos edificios erigidos en 1963, buscaron tres presupuestos: el más costoso fue de $70 mil por cambio de regulador y cañería con instalación de rejillas, jaulas antibichos en respiradores y pintura amarilla en conexiones. El más barato fue de $60 mil porque utilizó la cañería existente y halló mejor precio de reguladores en Buenos Aires. “Como los elementos se compran al contado, tuvimos que pagar la mitad para comenzar las obras y quedó la mano de obra como saldo” contó Oscar.

“Los costos varían de acuerdo al tamaño del edificio: en uno de 12 departamentos gastamos $10.000 y en los de 80 departamentos unos $50.000”, contó Lucciano Gangitano, titular de la firma que administra unos 80 edificios de la ciudad de Santa Fe. De acuerdo con la dimensión de la obra, sus propietarios debieron afrontar un promedio de $1.000 por departamento para cambiar el regulador y conexiones internas del edificio, y otros $3.000 a $10.000 por las obras necesarias dentro de cada hogar. “No caben dudas de que esto es consecuencia de lo que sucedió en Rosario: antes de eso, nunca tuvimos inspecciones ni intimaciones, solamente cortaban ante el peligro inminente de pérdidas no por verificación”, contó.

Gangitano debió afrontar estas refacciones en 15 edificios. Su cuestionamiento refiere a que, amén de que las razones radiquen en la seguridad “son abusivas las intimaciones por instalaciones que son antiguas pero funcionaban y cuyo cambio implica un gasto elevado que no era urgente ni mucho menos necesario”.

César Royo, titular de la inmobiliaria que lleva su nombre, coincidió en que los controles surgieron en los últimos tiempos y en llamarlos “un abuso: deberían arbitrar las medidas para no cortarle a cualquiera porque hay gente que se queda sin gas por no poder pagarlo. Litoral Gas debería resolverlo desde el punto de vista social, no recaudatorio”.

Un barrio sin gas

En septiembre del año pasado -un mes después de la tragedia de Rosario- el presidente de la vecinal Las Flores II temió por posibles pérdidas y pidió a Litoral Gas que inspeccione el barrio: 20 monoblocks de 48 departamentos cada uno, 10 torres con cinco conectores, con un departamento por unión y 120 casas. En total, unas 1.500 viviendas construidas en 1981 que Litoral Gas desconectó del servicio por considerar que sus instalaciones eran obsoletas. Si bien la gran mayoría cambió su conexión, todavía 40 domicilios están sin gas porque no la hicieron.

Luis Manzur, presidente de la vecinal, hoy celebra que la gran mayoría regularizó el servicio. Sin embargo, reparó en lo elevado de los costos: “Los gasistas cobraron entre $3 mil y $9 mil por domicilio, no hubo un precio uniforme”. Si bien los cortes fueron hace 9 meses, todavía los sufre de cerca: “Los costos complicaron las cosas, mi hija por ejemplo está haciendo las obras de a poco porque le salen $6 mil y no los puede pagar”.

>>> “Todo esto surgió con el caso Rosario: nunca antes habían inspeccionado la instalación completa del edificio. Después de Rosario, agudizaron sus exigencias y están implacables” (Oscar Gorostiaga, administrador de dos monoblocks).

>>> “Deberían arbitrar medidas para no cortarle a cualquiera porque hay gente que no puede pagarlo: al no haber tarifa cada uno cobra lo que quiere y Enargas no controla” (César Royo, titular de la inmobiliaria Royo):

>>> “No caben dudas de que esto es consecuencia de lo que sucedió en Rosario: antes de eso, nunca tuvimos inspecciones ni intimaciones a excepción de peligro inminente por pérdidas” (Lucciano Gangitano, su firma administra unos 80 edificios de la ciudad).