La legisladora también señaló del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas solo se presentaron dos carpetas finales en dos provincias, La Pampa y Misiones, pero sin abarcar el total de sus comunidades.

"Se han registrado numerosos desalojos, como los casos de las comunidades de Las Pailas (Salta), Pampa del Indio (Chaco), La Primavera (Formosa), Quilmes, Nogalito y Mollar (Tucumán), Los Toldos (Buenos Aires), Currumil, Paichil, Antriao (Neuquén) y Santa Rosa Leleque (Chubut)", señaló Linares.

La legisladora señaló que la norma estableció por el término de cuatro años la suspensión de los desalojos y la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.

"En noviembre de 2009, y tras no haber cumplido con la ejecución de la Ley, se procedió a la prórroga de la misma, por medio de la Ley Nº 26.554, que quedará vigente hasta el 23 de noviembre de 2013", recordó.

"Repudiamos y vemos con preocupación el nivel de violencia extremo que se da en algunos territorios donde han cobrado víctimas fatales; como el asesinato del cacique Javier Chocobar (Tucumán), la brutal represión a la comunidad Qom de La Primavera donde, como consecuencia, hubieron dos muertes, y la represión en la localidad de Castilli, que terminó con la vida de Florentín Díaz, integrante de la comunidad Qom Curushy", declaró Linares.

"Considero imprescindible hacer cumplir los derechos reconocidos en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", agregó.

Cabe recordar que en estos días la comunidad Mapuche de Neuquén mantiene tomado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en reclamo del reconocimiento jurídico que lleva más de siete años.