El intendente Miguel Lifschitz no titubeó al tildar el duro informe ambiental sobre Rosario que elaboró la Defensoría del Pueblo de la Nación como una “operación política”. No sólo eso, el jefe comunal también descalificó el estudio, que sitúa a la región metropolitana entre las de mayor riesgo ambiental para la niñez en el país, por haber sido elaborado por un “organismo no especializado” y recordó que no refleja un estado de cosas, sino apenas peligros potenciales.
En declaraciones a LT 8 Lifschitz criticó el informe presentado hace dos semanas en el I Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental que se realizó en Rosario y publicado por La Capital el domingo pasado.
Sus objeciones se sumaron a las ya formuladas por el titular de Medio Ambiente provincial, César Mackler, y la subsecretaria del área del municipio, Daniela Mastrángelo, que calificaron de “incompleta” la investigación y dijeron que “no responde a la realidad de Rosario y la región”.
Entre otras cosas, sostuvieron, porque desconoce “pasos fundamentales” dados por la ciudad y la provincia, como el control ambiental a las empresas o la oferta de una salud pública “de excelencia”, variables de “políticas de preservación ambiental” que “un estudio serio debió tener en cuenta”.
Sin embargo, el propio objetivo de estudio es señalar riesgos ambientales (“antes de que se conviertan en daños”) generados por la producción industrial, agrícola y minera, y que se definen en base a “la tensión entre dos dimensiones: amenaza y vulnerabilidad”. La ausencia de servicios esenciales —como agua y cloacas— y las necesidades básicas insatisfechas se definen como factores definitorios de esa vulnerabilidad.
El objetivo es mapear —por eso el informe se plantea como un “atlas”— cómo impactan esos riesgos entre los niños y adolescentes menores de 18 años, un segmento que representa el 33,5 por ciento de la población total del país y en números absolutos, casi 12,2 millones de personas.
Así, los datos que condenan al departamento Rosario por superponer tres riesgos (industrial, agrícola y de saneamiento insuficiente) lo equiparan a otros del país: Maipú y Guaymallén en Mendoza, Córdoba capital, y Pilar, Escobar, Berazategui y La Matanza en Buenos Aires. General Roca, en Río Negro, reúne incluso un cuarto riesgo, el minero.
Pero fue justamente ese aspecto, el de que el estudio señale peligros, el que Lifschitz puso en duda. “El informe no es sobre situación ambiental, sino sobre riesgos”, se quejó.
Y puso un ejemplo: “Es como si yo dijera que usted tiene riesgos porque va en auto, pero eso no quiere decir que vaya a tener efectivamente un accidente, porque usted me puede decir: «Yo respeto las normas, uso cinturón de seguridad, el auto está asegurado», por lo tanto se ocupa de que esos riesgos disminuyan”.
El propio García Silva se encargó de saludar que esos seguros en materia ambiental funcionen. “Como el objeto del informe es alertar sobre riesgos, si se toman medidas de control y prevención, mucho mejor”, dijo, convencido de que “el estado en que se encuentra la gente depende no sólo de los riesgos, sino también de las respuestas”.
Eterno reclamo de viviendas
El intendente Miguel Lifschitz retribuyó la “operación política” que a su juicio representó el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y lo hizo recordando otra asignatura pendiente, la de planes de vivienda. “Faltan políticas nacionales, que no llegan a Rosario”, dijo. La falta de viviendas fue considerada grave en el Primer Congreso Nacional de Doctrina Social de la Iglesia. Al respecto, Lifschitz recordó que la situación de Rosario no difiere de la “de otras épocas” ni de “otros grandes conurbanos argentinos”, aunque recordó que el municipio fue el único en encarar “políticas activas de vivienda y urbanización”.
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