Se cumple hoy el noveno mes del anuncio de la gobernadora Ríos en la apertura de las sesiones de la Legislatura dando a conocer su voluntad de llamar a Consulta Popular respecto a la renegociación de los contratos petroleros y de la licitación de áreas revertidas. La iniciativa desapareció de la agenda pública del Poder Ejecutivo. Nuevas acciones vienen abonando un cambio de rumbo en materia de política hidrocarburífera.
El interrogante que se había abierto al poco tiempo ante la falta de cumplimiento de Ríos, fue encontrando respuesta propia a partir de las claras contradicciones que se desencadenaron durante el presente año y que da cuenta que el anuncio de llamar a una consulta popular no tuvo más objetivo que el de verbalizar un discurso sino demagógico, al menos carente de voluntad para su efectiva ejecución.
Las pruebas de ese silencio son más que contundentes, dado que además de con el convenio directo y sin mediar licitación por la venta de gas de regalías hasta el 2035 a un costo de 1,8 dólares el millón de BTU a la empresa de dudosa procedencia china Tierra del Fuego Energía y Química SA, también mantiene diálogo permanente con directivos de la petrolera Total Austral en América Latina, quienes no ocultan su decisión de mantener sus inversiones en la zona de los yacimientos que poseen en Tierra del Fuego, las que según el propio gobierno que actuó como vocero, Total Austral comenzará a concretar "a partir del año que viene y de ahí en adelante se extenderán a los yacimientos que se encuentran en la costa norte de Tierra del Fuego", del cual destacan como más importante al denominado Vega Pléyade, y otro yacimiento de menor envergadura que se ubica en las 12 millas náuticas por las que la Provincia recibe regalías hidrocarburíferas.
A esos dos hechos, un tercer elemento nuevo marca claramente la contradicción política de la gestión arista entre lo que expresaba en marzo y lo que efectivamente realizó posteriormente. La semana pasada fue el propio Secretario de Hidrocarburos Eduardo D'Andrea quien salió a anunciar que la petrolera estatal venezolana PDVSA se había mostrado interesada en participar en la licitación del área CA – 12, la única revertida o abandonada en Tierra del Fuego, hecho este que fue ratificado ayer cuando oficialmente se informó, que el funcionario se reunirá hoy en Buenos Aires con representantes de Petróleos de Venezuela SA, y en cuyo texto además se indica que los pliegos para licitar la sección occidental del área se encuentran en etapa de conclusión para ser lanzados "hacia finales de este año o a principios de 2010".
A 9 meses de aquél enfático y encendido discurso de Ríos, donde ponía a la sociedad como elemento sustantivo para decidir el futuro de un recurso cada vez más escaso, la mandataria le quita a la misma esa posibilidad, utiliza similares mecanismos que ella criticó durante años y que siendo gobierno se comprometió a desterrar.
Si el discurso del primero de marzo tuvo el objetivo de repasar el primer año de gestión y dar a conocer públicamente y ante los legisladores su plan de acción para 2009, la consulta popular, exaltada tanto por el oficialismo como la oposición, quedó fuera de agenda.
Para los menos memoriosos, es bueno recordar que en ese acto Ríos se respaldó en el dictado de un decreto "en el corto plazo" para decidir qué "haremos con los recursos que son de todos", cimentado en la necesidad de "buscar en el pueblo, la decisión sobre qué hacemos con nuestros yacimientos hidrocarburíferos, con nuestras regalías petroleras y con nuestras áreas revertidas, porque aquí no hay negocios espurios y no hay ninguna posibilidad de que nadie haga un negocio por fuera de lo que significa la sustentabilidad del recurso".
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