Hasta el tratamiento legislativo del proyecto, el próximo 16 de febrero, el anuncio del gobernador de extender la licencia por maternidad a seis meses para los empleados estatales, seguirá sumando capítulos. Tan fenomenal ha sido este globo de ensayo, que el universo de beneficiarios crece día a día. Ayer, el interrogante era saber si los padres adoptivos y los matrimonios homosexuales también estaban incluidos en el proyecto, dato que fue confirmado afirmativamente por Daniel Passerini, presidente del bloque de Unión por Córdoba: “El fundamento de la ley habla de la maternidad, sin discriminar si la misma es por concepción o adopción. Por lo que nosotros interpretamos que están incluidos en el espíritu de la ley.

Igual vamos a discutir en las comisiones si es conveniente aclararlo en un articulado especial”. El legislador también aclaró que en el “espíritu de la ley” la licencia por maternidad no discrimina si los padres son o no del mismo sexo: “En el caso de estas parejas la maternidad y paternidad es por adopción, así que también les corresponde”, dijo Passerini, sin advertir que las lesbianas pueden concebir un hijo, y muchas así lo hacen, a partir de inseminación artificial.

Sergio Busso fue otro de los legisladores oficialistas que ayer habló del tema: “Las licencias abarcan a todos los matrimonios, heterosexuales y homosexuales, lo mismo que los padres adoptivos. Si no figuran en el anteproyecto en forma específica es porque ese derecho ya está previsto en la legislación. Lo que hacemos ahora es extender el beneficio”.

En cuanto a si el proyecto alcanzará a los empleados de la Epec, el Ersep, el Banco de Córdoba y la Lotería, Busso dijo que “el espíritu del proyecto es único, y pretende llegar a donde el Estado tiene un interés, pero habría que aclararlo en la discusión de las comisiones de la Legislatura”. Lo mismo que la inclusión de los municipios: “El tema va a ser debatido en la mesa Provincia-Municipios, para conocer cuál es la opinión de los intendentes. Si hay consenso, vamos a invitarlos a que se sumen”, aclaró Busso.

Por lo pronto, desde la Municipalidad de Córdoba el tema está verde. En diálogo con Día a Día, los delegados del Suoem explicaron que hoy la licencia es de 120 días, pero que la posibilidad de llevarlo a 180 entusiasma. “Después de escuchar a Passerini vamos a estudiar el tema, y en función de eso haremos el pedido al Ejecutivo para que se adhiera el proyecto provincial”. Walter Arriola, secretario de Gobierno municipal, pateó la pelota hacia adelante: “Por ahora no está en agenda”, contestó.

Los que saludaron la noticia fueron las organizaciones defensores del matrimonio igualitario. Martín Apaz, fundador de la organización Devenir Diverse, sostuvo que las licencias no requieren legislación específica para los casos de parejas homosexuales porque es “exactamente lo mismo que se aplica por ley a cualquier pareja heterosexual”. Para el presidente de la Mesa por la Igualdad de la provincia “papás y mamás deberían tener el mismo tiempo de licencia”.

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Privados no quieren ni oír de extensión

"Lo que hay que ver es si la Provincia está en condiciones de afrontar este costo, teniendo en cuenta el rojo de la Caja de Jubilaciones y la falta de infraestructura”, dijo a Día a Día Juan Grundy, vicepresidente de la Cámara de Empresas Metalúrgicas de Córdoba. Además, advirtió que “esta es una medida que la pagamos todos, por eso la vemos desacertada. La extensión nos va a afectar como contribuyentes y con más presión fiscal a las empresas. Schiaretti nos repuso Ingresos Brutos, y aprobó el aumento de los servicios de agua y luz”.

Ercole Felippa, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, aclaró que la medida no ha sido analizada por la entidad, pero no se mostró optimista: “Profundizaría diferencias entre el empleo público y el privado. Y si bien las licencias son más largas en los países desarrollados, hay que adecuarse a la realidad argentina”. Para él, la extensión, lejos de beneficiar a las mujeres, va a profundizar la desigualdad de géneros: “Ellas corren con desventaja, porque les va a costar mucho más conseguir un trabajo”.

Rubén Martos es el presidente de la Federación de Centros Comerciales de la Provincia, y tampoco aplaudió la medida: “En el sector público no es imprescindible el reemplazo, salvo los docentes, pero en el privado sí. Además, hay que capacitar al reemplazante. Y aquí surge otro problema: los empleos temporarios son de 3 meses, habría que corregir esto”. Como Felippa, Martos avisa que “poco favor se le hace a la mujer, que va a pensar dos veces antes de tener un hijo”.