Es por el caso que investiga la Justicia de Villa María en el que se comercializaron soja y maíz en negro por un valor de $ 430 millones.
Así, a partir de los datos aportados por el organismo recaudador, la Justicia Federal de Villa María libró 16 órdenes de detención contra profesionales involucrados en las operaciones investigadas, entre otras personas. Cabe destacar que a esta decisión judicial se le suman otras ocho detenciones producidas el año pasado en el marco de la misma causa.
Según el comunicado difundido por la Afip, la investigación apunta a un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones es la zona centro y sur de Córdoba, y que se extiende a Mendoza, con motivo de las exportaciones que el mismo grupo realiza hacia Chile. Concretamente, las investigaciones de los agentes fiscalizadores abarcaron a las ciudades de Córdoba, Mendoza, Río Cuarto, Villa María y Río Tercero.
“El grupo económico investigado registró un importante y llamativo crecimiento patrimonial en los últimos años, con la incorporación de dos plantas de acopio y procesamiento de soja y maíz, dos grandes granjas destinadas a la cría de aves, una flota de 70 camiones destinados a la logística de cabotaje e internacional y autos importados en los que se movilizan los empresarios. Estos bienes fueron registrados a nombre de sociedades fantasmas cuyos integrantes son personas insolventes que no pueden justificar la adquisición de semejante patrimonio. Con esta maniobra se buscó generar el ocultamiento al fisco de los verdaderos operadores del mercado”, explicó la dependencia que dirige Ricardo Echegaray.
De esta manera, tras la denuncia oficial, el Juzgado Federal villamariense, a cargo de Mario Garzón, ordenó a fines del año pasado una serie de allanamientos en los que el organismo fiscal secuestró 100 cajas de documentación probatoria de los hechos investigados. Las órdenes de detención ahora libradas se basan en el análisis de estas pruebas.
Comentá la nota