La Sala 3 de Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó esta semana un fallo de primera instancia que obliga al Gobierno porteño a resolver el déficit de vacantes en la escuela pública. La sentencia confirma lo resuelto por una medida cautelar dictada hace más de dos años por la jueza Elena Liberatori, en base a un pedido de amparo iniciado en 2016 por un grupo de familias organizadas en el colectivo “Vacantes para Todxs”. Cinco años después, y pese a las medidas judiciales, el problema sigue afectando a unos veinte mil pibes y pibas, especialmente de los barrios populares y de la zona sur de la Ciudad. “En el expediente siempre estuvo muy en evidencia que es la zona sur la que adolece del problema acuciante de falta de vacantes accesibles, en los distritos escolares de los barrios de Lugano, Villa Mitre, Parque Patricios, Pompeya y Villa Soldati, entre otros”, dijo Liberatori a El Grito del Sur.

La situación crítica en cada uno de esos barrios, 20 en total, está contenida tanto en el fallo de Liberatori de hace dos años como en la ratificación que la Cámara realizó esta semana. Además de la situación social de las familias afectadas, en la problemática se cruzan otras variables: la edad de los chicos, la situación edilicia y el tipo de escolaridad. “La situación es especialmente crítica en el nivel inicial, de primero a cuarto grado para la jornada completa, lo que a su vez incrementa las denominadas listas de espera”, precisó la jueza. “Además, muchas veces el Gobierno porteño optó cambiar la modalidad del edificio a jornada completa, una solución que suele generar otros problemas, como dejar fuera la mitad de alumnos porque no da la capacidad edilicia”, agregó. 

“Otro gran problema es que, al no poder satisfacerse el requisito de la accesibilidad y distancia de la escuela con el domicilio, se derivan niñes a otros distritos con la consecuente distancia en cuanto a cansancio y rendimiento pedagógico y gastos de transporte para las familias. Por otro lado, también existe superpoblación de aulas, excediendo las normas reglamentarias. Por ejemplo, se remueve mobiliario escolar para acomodar mayor cantidad de niñes. Y todo esto va trasladando los problemas hacia los años siguientes”, describió la magistrada. 

Las “listas de espera”, además, son una forma decorosa de esconder posibles pibes que quedan fuera del sistema educativo. “Muy probablemente haya niñes no escolarizados”, afirmó la jueza. Otro trastorno tiene que ver con que la cantidad de niñes que actualmente cursan la primaria es mayor que las vacantes que están disponibles para cuando lleguen a la secundaria. “El Gobierno no puede ignorar que es su obligación generar una cantidad equivalente en los niveles para evitar desfasajes que impactan en el derecho a la educación”, señaló Liberatori.   

El fallo de Cámara confirmó lo dictado por la jueza en primera instancia: el Ejecutivo porteño deberá informar en tiempo real la cantidad de vacantes disponibles en cada distrito escolar y el estado de avance de las obras de las “54 nuevas escuelas” prometidas por Horacio Rodríguez Larreta durante la campaña electoral pasada. Además, la Legislatura, donde el oficialismo tiene mayoría simple, tendrá que debatir y votar por ley una ampliación del presupuesto educativo, para que se «destinen los recursos presupuestales necesarios para que el GCBA cumpla con la obligación constitucional de asegurar la Educación pública», indica la sentencia.

Durante el curso del expediente, el Gobierno porteño se resistió varias veces a presentar información concreta sobre cuántas vacantes ofrece y cuántas quedan sin garantizar, algo que hizo por última vez, en el marco del expediente, hace cuatro años. Al respecto, la jueza señaló que “la falta de información oficial adecuada, veraz, completa y oportuna, requisitos constitucionales del acceso a la información, respecto a vacantes disponibles tiene por propósito precisamente, esconder los problemas que venimos hablando”. “Ni hablar de la complejidad de vida cotidiana que se agrega por este motivo a personas que integran sectores de la pobreza crítica, como se denomina en la Constitución de la Ciudad a los colectivos sociales vulnerados”, sostuvo. 

“La educación es mucho más que construir nuevas escuelas”, explicó la jueza. “También es salarios dignos a los y las docentes, mantenimiento edilicio y otros recursos pedagógicos. Esa obligación no es única del Ejecutivo de la Ciudad, está claro. Por eso dispusimos en la sentencia y ha sido confirmado por la Cámara, que en esto la Legislatura debe asegurar las partidas presupuestales correspondientes”, agregó. El objetivo de esa nueva ley, aclaró, será también que esos fondos “sean intangibles” y no puedan ser reasignados a otros fines. “La Educación pública es un Derecho fundamental de rango constitucional y, en consecuencia, es todo el Estado y la sociedad la que ha de involucrarse para hacerlo eficaz y garantizarlo”, concluyó.