Hernán de GoñiA una parte de los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires les cuesta asumir la razonabilidad del aumento del impuesto inmobiliario que entró en vigencia en 2011.
La discusión no es por el lado técnico. No hay distrito en el país en el que el valor fiscal de una propiedad (la base sobre la que se calcula este gravamen) esté cerca del precio de mercado.
Lo que sucede es que los argentinos conviven con dos tendencias que son como polos opuestos. El gobierno de Buenos Aires, como le sucederá a cualquiera que pague sueldos, necesitará recaudar más para financiar los gastos del 2011, sobre todo si las paritarias arrancan en 25%. Los bonaerenses que viven de un sueldo del Estado avalarán este razonamiento, pero los vecinos que deben solventar el aumento con sus impuestos, no. La paradoja es que la misma dicotomía la experimentan y padecen aquellos contribuyentes que quieren vender su casa: todos aspiran a que se les reconozca el precio más alto en dólares. Pero si ese valor es el que se usa para fijar el impuesto, la mayoría aspirará a que sea pesificado lo más bajo posible.
Todos somos más proclives a seguir la lógica del que cobra y no del que paga. Pero antes de justificar o no un aumento de impuestos, es mejor pedir que se cobre un servicio por lo que vale, y no solo porque todo sube de precio.
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