El juez federal Santiago Martínez rechazó el pedido de detención contra el cura Aldo Vara. “No surgen elementos suficientes”, señaló el magistrado ante la solicitud de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani.
Aldo Omar Vara admitió en 1999 que supo de las torturas en el centro clandestino La Escuelita y que vio las secuelas de la picana sobre el cuerpo de jóvenes secuestrados en el Batallón de Comunicaciones 181. El entonces fiscal general Hugo Cañón pidió su imputación pero la Cámara Federal se la negó.
Trece años después, el tribunal que condenó al primer grupo de represores del Cuerpo V de Ejército –integrado por jueces foráneos porque sus pares bahienses no daban garantías de imparcialidad– tomó nota de los testimonios sobre Vara, consideró probada su “culpabilidad” en secuestros y torturas, y ordenó que se lo investigara en primera instancia.
Vara fue capellán auxiliar del Cuerpo V entre 1971 y 1979 y es el único sobreviviente de los religiosos que tuvieron un rol protagónico junto a los represores del comando bahiense.
El más conocido de los casos que involucran a Vara es público desde el juicio a las Juntas gracias al testimonio de un grupo de estudiantes de la Escuela de Nacional de Educación Técnica No 1 que fueron secuestrados en diciembre de 1976 y torturados durante un mes en La Escuelita. Abandonados en una ruta, otro grupo de militares simuló rescatarlos y los llevó al Batallón, donde recibieron varias visitas del capellán. Uno contó que “nos traía galletitas, cigarrillos, preguntaba cómo habíamos llegado ahí, pero no le avisó a nuestros padres como le pedíamos”.
José María Petersen declaró que les daba “una especie de contención”, pero cuando relataban las torturas permanecía en silencio. Recordó una respuesta de antología que el tribunal apuntó en la sentencia: Vara sugirió que los secuestradores eran paramilitares que actuaban por su cuenta y que los estaban buscando.
Cuando Dorys Lundquist de Chabat supo que su hija Patricia estaba secuestrada en los fondos del Cuerpo V intentó hacerle llegar ropa y medicamentos homeopáticos a través de Vara. Dos días después de dejarle el envío en la casa que el cura compartía con su madre, Vara la visitó en su Citroën amarillo limón, recordó. Le dijo que no podía hacerle llegar el paquete a su hija pero que se quedara tranquila que estaba bien atendida y bien alimentada. “A las chicas las respetan”, le aseguró, en referencia a lo que ocurría en el centro clandestino. Dos días después de ser blanqueada en la cárcel de Villa Floresta, aún con signos visibles de tortura, Patricia recibió la visita del sacerdote, a quien había conocido en su adolescencia. Vara le aconsejó olvidarse de los padecimientos en cautiverio y le dijo que todo era culpa de sus padres.
En septiembre de 2012, luego de escuchar a casi 400 testigos, los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava ordenaron en su sentencia que se investigue a Vara, a quien no pudieron escuchar porque la Iglesia Católica dijo ignorar su paradero. El tribunal consideró haber “determinado a esta altura de los hechos y con el grado de probabilidad suficiente la culpabilidad del sacerdote” en delitos de lesa humanidad.
Como el juez Martínez delegó la investigación en el Ministerio Público, la orden del tribunal recayó en los fiscales Nebbia y Palazzani, que dos días después del nombramiento del papa Francisco pidieron la detención del ex capellán.

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