La resolución, emitida el pasado viernes 12 de julio, alcanza al ex juez Eduardo Allende, el ex Fiscal Hipólito Saá y el ex secretario Carlos Pereyra González – todos de la Justicia Federal con competencia en San Luis -, quienes están acusados como partícipes necesarios de seis homicidios agravados y de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra varios ex detenidos políticos en los años del denominado Proceso de Reorganización Nacional.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis emitió un comunicado como parte querellante en los juicios por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en aquellos años para destacar la decisión del juez.

“La APDH actúa en el carácter de parte querellante en representación de las víctimas que sufrieron la persecución, tortura y muerte, pero también de los familiares, que ante la gravedad de los hechos ocurridos en la Dictadura concurrían al Juzgado Federal, a la Iglesia, al Ejercito y la Policía, no obteniendo respuesta alguna. En el caso de la Justicia, el tema es particularmente grave, dado que es el Poder al que cualquier ciudadano concurre en defensa de los derechos más sagrados que tiene una persona, como son la vida y la libertad, defendidos por la Constitución Nacional, y que ningún régimen de excepción puede modificar” indica la nota.