En el marco del tercer juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar, se conoció que el ex jefe de Inteligencia del Destacamento 182, Mario Alberto Gómez Arenas, será uno de los cinco represores que irán a juicio.

Aunque la fecha del mismo no ha sido pautada, el Tribunal Oral Federal de Neuquén resolvió rechazar el pedido de la defensa de Gómez Arenas de suspender su enjuiciamiento a causa de su estado de salud.

El argumento no comprobable fue su delicado estado mental: Si bien se le había suspendido el juicio -que se realizó el año pasado en esta ciudad por las desapariciones y torturas contra 39 víctimas- no pudo verificarse fehacientemente que padezca esa afección.

En consecuencia, Gómez Arenas -de 82 años- quien ya había sido juzgado en 2008, será uno de los imputados en el tercer juicio junto a Jorge Soza, quien se desempeñaba como segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal; Jorge Di Pasquale, teniente coronel de Inteligencia; Luis Alberto Farías Barrera, jefe del personal del Comando de la Sexta Brigada e Hilarión de la Pas Sosa, jefe de la Sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI.

Cabe recordar que en ese proceso llevado a cabo cinco años atrás, se comprobó que a partir de 1976, Gómez Arenas, como jefe de Inteligencia, era uno de los que daba directivas a los grupos de tareas y definía los procedimientos que oficiales y suboficiales de Inteligencia llevaban a cabo en el centro clandestino de detención “La Escuelita”, y la suerte que corrían los secuestrados durante los tormentos a los que eran sometidos. En el primer juicio, se sentenció a Gómez Arenas con 25 años de prisión por 17 casos de torturas y la desaparición de Oscar Ragni (hijo).

Por el contrario, la semana pasada al jefe de la Comisaría 14 de Cutral Co durante los primeros años de la dictadura militar, Héctor Mendoza, el Tribunal decidió suspenderle el juicio por su estado de salud. El ex efectivo policial estaba acusado de ser “partícipe necesario” de la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos agravados de estudiantes y jóvenes militantes de organizaciones políticas, algunos de los cuales se encuentran desaparecidos.