El DNU, el primero del año en que el Jefe de Gobierno rubricó su firma, otorga una prórroga por 180 días para la aplicación del capítulo 11.15 de la ley sancionada en diciembre de 2009. Esto impide respetar la normativa vigente, por la cual más de la mitad de los natatorios públicos, semipúblicos y especiales deberían ser clausurados.

La situación -denunciada por Diario Z en su edición anterior en papel- despertó las críticas del legislador de Proyecto Sur, Adrián Camps, quien aseguró que "no existe justificación alguna, salvo la desidia de los funcionarios, para obviar el trámite legislativo y discutir si realmente correspondía modificar aspectos de la ley vigente".

Las críticas parecen haber sido escuchadas por el PRO. A través de otro decreto, el vicepresidente primero de le Legislatura, Oscar Moscariello, convocó a una sesión extraordinaria para dar tratativa al DNU -que podrá ser confirmado o derogado-, en cuyos fundamentos se explica que el problema surge porque la mayoría de las instituciones no pueden cumplir con los "requerimientos constructivos y de documentación".

A diferencia de los decretos que se firman desde Nación, los DNU de la Ciudad no son de cumplimiento efectivo. Por lo tanto, la Legislatura debe confirmalos o rechazarlos, por mayoría simple. En esta línea, Moscariello citó a los legisladores para el 22 de febrero, el mismo día en que el Parlamento debatirá el Presupuesto 2011, pendiende desde el año pasado.

En diciembre de 2009, la Legislatura aprobó una modificación a la Ley 3.364, que introdujo al Código de Habilitaciones y Verificaciones el capítulo 11.15 con el objeto de regular la habilitación de los natatorios y otorgó un plazo de 180 días para adecuar su funcionamiento a la norma vigente. Pero la mayor parte de las piletas no realizaron las reformas necesarias acordes a la ley.