Aunque el gobernador Francisco Pérez ha dicho que la Provincia no puede enfrentar hoy esta erogación, los gremios mendocinos insisten para que se equiparen las asignaciones familiares con la Nación. En tanto, en la Legislatura ya se encuentra en discusión un proyecto para que, a partir de 2014, este ítem salarial vaya aumentando progresivamente a partir de 2014.

En la mañana del martes, distintos referentes sindicales del Sute, Casinos, Apel -empleados legislativos- y Siduncu -docentes de la Uncuyo- se reunieron con diputados que integran la comisión de Hacienda. El reclamo es una constante en el último tiempo: los empleados estatales de Mendoza perciben 220 pesos por asignación familiar. Lo que abona la Nación en este ítem es más del doble: 460 pesos.

Desde el Gobierno han aclarado que la provincia no está en condiciones financieras para enfrentar este gasto. Según el propio Pérez, Mendoza paga por año 180 millones de pesos en este apartado y un nuevo aumento hoy no es viable para las arcas del Estado.

El encuentro sirvió para que los legisladores acuerden un proyecto consensuado en el recinto, entre todos los partidos. Al respecto, hay dos iniciativas para modificar este punto.

El primero, corresponde al demócrata Hugo Babolené, que propone la equiparación de las asignaciones con las que periódicamente determine el Poder Ejecutivo Nacional, mediante un cronograma anual “incrementando un tercio cada cuatro meses, hasta obtener el cien por ciento de los montos fijados” por el PEN.

La otra iniciativa es del justicialista de extracción sindical, Claudio Díaz, que consiste en incorporar el planteo en el Presupuesto de la provincia 2014, para que en forma gradual, comience a pagarse tal equiparación a partir del año próximo.

“Es un reclamo histórico que entendemos perfectamente bien, reconocemos que el reclamo es justo, pero nosotros no nos representamos a nosotros mismos sino que somos un cuerpo colegiado que tiene que debatir y hacer las consultas pertinentes”, aseguró la justicialista Rita Morcos, presidenta de la comisión.

La legisladora explicó que la idea es encontrar el consenso con el Gobierno, por lo que mantendrán reuniones con funcionarios del ministerio de Hacienda, “porque no podemos hacer una ley sin consultar sobre cómo lo vamos a financiar”, agregó.