Entre los temas que se convirtieron en Ley figura un breve proyecto para autorizar las denominadas "picadas". El proyecto, iniciativa del legislador José Gutiérrez, consta apenas de tres puntos, el último de ellos de forma, y deja en manos del Poder Ejecutivo a través de la reglamentación el andamiaje necesario para organizar las peligrosas competencias. Más allá de la buena voluntad, no parece una iniciativa fácil de instrumentar, dado la ausencia en Tucumán de autódromos de primer nivel. Luego de esta curiosa iniciativa, modificaron la Ley de Administración Financiera. De esta manera, el Ministro de Economía quedó autorizado a subir los montos máximos para las contrataciones directas y las licitaciones privadas.

También se avaló un proyecto para realizar obras por un monto de 2 millones de dólares que permitirán perforar 83 pozos de agua potable en localidades del Este de la Provincia. La iniciativa del legislador José Cúneo Vergés permitirá que 30.000 familias accedan a agua libre de arsénico, una sustancial letal para el organismo, que contamina buena parte de las napas en decenas de pequeños y medianos núcleos urbanos ubicados en la zona Este de la Provincia.

Las obras beneficiarán a poblados ubicados en los departamentos de Burruyacu, Leales, Cruz Alta, Simoca, Graneros y Trancas, y tendrá impacto en algunos núcleos urbanos significativos, como Ranchillos, San Andrés, Villa Padre Monti, Delfín Gallo, San Andrés, Lamadrid, 7 de Abril y Gobernador Piedrabuena, entre otras.

Los parlamentarios avanzaron además en la creaciónde tres vocalías, una en cada una de las Salas de la Cámara en lo Civil y Comercial de la Capital y un juzgado de menores en el centro Judicial de Monteros. En tanto, se modificaó la Ley de Límites de Jurisdicciones Comunales para incorporar al ejido del municipio de la Capital, los barrios Policial 4, Miguel Lillo y Ampliación Miguel Lillo, que actualmente se encuentran en jurisdicción de la Comuna de San Felipe- Santa Bárbara.

En tanto, se fijó una una remuneración para aquellos jueces que deban atender el despacho de otro magistrado, por un lapso que supere los siete días.Otras de las iniciativas propiciarán la creación de la figura de ayudante del defensor oficial en lo Penal y ayudante de Fiscal de Instrucción.