Por unanimidad, el cuerpo adhirió a la Ley nacional 26.581 de Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, que contempla la organización y centralización de información a fin de orientar la búsqueda de niños, niñas y adolescentes perdidos. La diputada Vilma Rivarola (PJ) explicó que el funcionamiento del registro nacional en Jujuy es insuficiente y aseguró que “no encontramos en la administración provincial un organismo que centralice toda la información”. Por su situación limítrofe, la región es lugar de tránsito para el tráfico de bebes, “con varios fines, no solo de adopción”, indicó.

María Elina Domínguez (PJ) añadió que desde 2004, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia fue designada como área responsable del registro, “pero en la práctica quedó demostrado que ese ámbito era muy acotado”.

Mario Pizarro (UCR) opinó que la adhesión a la norma nacional es un aporte muy importante ya que en la Argentina es elevado el número de niños que desaparecen, mientras que Alejandra Mollón (Lyder) afirmó que “la centralización y organización de la información pone de alerta a toda la Nación” y solicitó que el registro se ponga en funcionamiento lo antes posible.

El proyecto había sido presentado por los diputados del PJ Rubén González y Osvaldo del Grosso, aunque Mollón de Lyder había promovido una iniciativa similar.

En la sesión de ayer se aprobó, por otro lado, una ley de “prevención del juego compulsivo”, que ordena instalar en lugares visibles de los accesos a locales de juegos de azar, casinos, bingos, casas de tragamonedas, tómbola y apuestas, un cartel con la leyenda “jugar compulsivamente es perjudicial para la salud”.

La leyenda debe ser “fácilmente identificable para el público, usándose caracteres legibles, de gran tamaño”, expresa la ley, cuyo proyecto fue presentado por Rubén Rivarola (PJ). Estipula también que el Poder Ejecutivo reglamentará y fijará las sanciones por incumplimientos, dentro de los noventa días de la promulgación de la norma.

El tratamiento que llevó más tiempo fueron las modificaciones a la Ley 5524, que regula las compras y venta de autopartes usadas y chatarrería. La comisión interjurisdiccional creada por la Cámara para abordar el problema de la inseguridad, había consensuado reformas a la norma para facilitar el trabajo de la Policía, pero en el recinto se introdujeron otros cambios. Por moción de Miguel Rioja (PJ) se endurecieron las sanciones a los propietarios de estos negocios que incumplan la ley. En vez de sanciones graduales que estaban en el proyecto original, quedó establecido que a la primera infracción se aplicará clausura por treinta días y en la segunda, clausura definitiva.

La Legislatura también sancionó la adhesión a la Ley nacional 26.606 por la cual se instituye a octubre como Mes Nacional de Concientización sobre el cáncer de mama, proyecto presentado por la diputada Mariela Ortíz (PJ). Asimismo, la norma establece que en el orden provincial, octubre será el Mes “provincial” de concientización sobre esa enfermedad.