Con la intención de continuar con el proceso de reurbanización de los barrios populares, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio inicio al debate por el proyecto de ley para crear el "Distrito de Integración Productiva en Barrios Populares" y funcionarios del Gobierno porteño se acercaron hasta el Parlamento para dar precisiones al respecto. 

La primera funcionaria en tomar la palabra fue la representante del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, Belén Barreto, quien aseguró el nuevo distrito "complementará los procesos de integración sociourbana vigentes" al "brindar nuevas fuentes de trabajo". Mientras que otra de las representantes de ese Ministerio Donatela Orsi informó que el distrito incluirá a los barrios donde los procesos de urbanización "están más avanzados" y precisó que se trata de Rodrigo Bueno, Fraga, 31 y Villa 20.

Además Orsi agregó que las empresas que se radiquen en esas zonas "podrán computar como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos un porcentaje del monto invertido" y que, para acceder a ese beneficio, deberán presentar un "plan de contratación en el que al menos un 30% del personal" sean residentes de los barrios.

Participamos de la reunión informativa con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad por el proyecto de Ley de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares. pic.twitter.com/INGSLFLbVd

— Magdalena Tiesso (@MaguiTiesso) April 19, 2022

Al respecto de la reunión, la legisladora del Frente de Todos (FdT) María Magdalena Tiesso afirmó que ve “con suma preocupación que ingrese un proyecto de cuatro páginas sobre la creación de un distrito productivo en la Ciudad en el que no se especifica: cuál es el territorio que involucra, porque lo va a determinar el Ministerio; quién lo va a llevar a cabo, porque no está determinada la autoridad de aplicación; ni tampoco sabemos con qué presupuesto va a contar”. 

“El proyecto no contempla la integración de actividades económicas barriales existentes en el territorio y estimamos que muy pocos comercios chicos van a poder cumplir con los requisitos de inversión a largo plazo que exigen”, continuó y consideró que “la exigencia de que el 30% del personal deba ser residente de los barrios, está supeditada a la disponibilidad de perfiles, con lo cual se cae que sea un proyecto que vaya a generar una política de integración socio-urbana y de desarrollo económico en barrios populares”. 

Asimismo indicó que “lo más preocupante, es que la excención impositiva no depende de, x ejemplo, la cantidad de empleos q se generen en el barrio, o de satisfacer demandas reales del territorio, sino que el criterio es según el orden de ingreso al registro que queda en manos de la autoridad de aplicación” y concluyó sentenciando que “esto y firmar un cheque en blanco, es lo mismo”.