Es con fondos de ANSES que alcanzarían los 640 millones de pesos. Dicen que era el último trámite que les exigían para reconvertir el fallido Plan Hogar Clase Media en el Programa Federal Plurianual
Se trata de la reconversión del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, que autorizó el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la ANSES, el Banco de la Nación Argentina y la Provincia de Córdoba.
Concretamente, autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a constituir uno o más fideicomisos de garantía y/o fideicomisos financieros para la ejecución de obras de vivienda.
“Es el último trámite que necesita presentar Córdoba. Ya están todos los requisitos que pidió ANSES, faltaba esta ley que es el instrumento legal que solicitaron y le permite a Córdoba avanzar”, le explicó a PUNTAL el legislador de Unión por Córdoba Marcelo Frosasco, titular de la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura.
¿En qué consiste?
Mediante esta ley, la provincia recibirá los fondos aportados por ANSES, que en su momento el gobernador Juan Schiaretti había propuesto como una alternativa para concretar el tan demorado plan de viviendas. “La provincia siguió negociando, buscando alternativas, y haciendo gestiones ante el gobierno nacional y se arriba a la conclusión de esta ley y la creación de un fideicomiso por alrededor de 643 millones de pesos, que son provenientes de los fondos de la ANSES”, explicó Frosasco.
Cuenta con la autorización del Ministerio de Planificación Federal y en esta primera etapa, el fideicomiso sólo se creará con fondos de la Nación, lo que no quita que se puedan conformar otros, con dineros del gobierno provincial o de privados.
“Esta es una operatoria distinta al Hogar Clase Media, pero cubre gran parte de lProxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 que se había establecido con los distintos municipios y comunas del interior que ya habían puesto a disposición del estado provincial los terrenos” dijo el legislador. Y agregó que “con este monto se logra la construcción de 8 mil viviendas, 6 mil en el interior y 2 mil en capital”.
La provincia corroboró los convenios celebrados con los municipios para constatar las condiciones y las cantidades de viviendas en cada caso. La idea es respetar lo que en su momento se le había otorgado en el interior.
“En muchos casos los jefes comunales han previsto recursos propios para ampliar y mejorar las viviendas. Este es un sistema que tiene un financiamiento de 80 mil pesos para hacer 42 ó 44 metros cuadrados, muchos jefes comunales las van a ampliar. Para esa ampliación que van a hacer, el estado provincial los va a ayudar con un financiamiento ampliado”, agregó Frosasco.
”Las dos mil de Córdoba sirven para cubrir lo que era el hogar clase media de la capital”, En el caso de Córdoba Capital, el HCM suponía la construcción de 1.700 viviendas, con lo que se agregarían otras trescientas.
Plazos con cautela
Aún no hay plazos concretos para la creación del fondo a partir de la sanción de esta ley. Lo que si se sabe es que el encargado de hacer los anuncios correspondientes será el propio gobernador Juan Schiaretti. Tanto desde la legislatura como desde el Ministerio de Obras Públicas mantienen la cautela debido a los intentos fallidos de implementar el tan prometido Hogar Clase Media.
Aprobaron la expropiación de Cañada Grande
La legislatura también aprobó la expropiación de un predio de 68 hectáreas en Cañada Grande, Calamuchita. El proyecto que da origen a la expropiación prevé la instalación de un vertedero de basura, que ya recogió el rechazo de los vecinos de la región. La localidad más cercana al predio es San Ignacio, cuyo jefe comunal manifestó su disconformidad.
La iniciativa es de una empresa privada que lo elevó a la Comunidad Regional Calamuchita, donde otros jefes comunales sí prestaron su apoyo al proyecto. Otro de los principales impulsores fue el legislador Carlos Alessandri, duramente criticado por un grupo de vecinos de la zona.
En la Unicameral, el proyecto se aprobó con el voto del bloque de Unión por Córdoba, pero además lo acompañaron los bloques Recrear, el Movimiento de Acción Vecinal, el Frente para la Victoria y el peronismo militante.
El destino de esas tierras ahora depende de la secretaría de Ambiente de la Provincia, que será la encargada de determinar si es factible o no la instalación del polémico vertedero.

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