El lunes pasado, la polémica se instaló cuando el juez Salvador Ruiz, de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el PRO, en el marco de un planteo de inconstitucional contra la Ley 8.541.

Esa norma autorizó al interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Gustavo Durán, a saltear el mecanismo de licitación, previsto en la Constitución provincial (artículo 12). Por esa cautelar, quedó en suspenso la norma aprobada el 7 de noviembre pasado, y promulgada un día después por el gobernador, José Alperovich.

La ley objetada cuenta sólo con dos artículos. El primero dice: “autorizar al Ipvdu a utilizar la modalidad de contratación directa para la ejecución de mejoramientos y/o soluciones habitacionales en todo el territorio de la provincia”. El segundo, en tanto, dispone la comunicación del documento.

Aunque Fiscalía de Estado ya planteó la revocatoria de la medida cautelar, el oficialismo tiene en mente una estrategia política: sancionar otra ley que permita continuar con los trabajos hasta tanto se resuelva el pleito judicial.

Como ya lo habían anticipado los parlamentarios oficialistas, al tomar conocimiento de los resuelto por la justicia, se trabaja en sancionar una nueva norma en donde se prevea la declaración de "urgencia" para saltear el proceso licitatorio y continuar con las obras que hoy se encuentran paralizadas por la cautelar interpuesta por el PRO.