La iniciativa pertenece al Bloque de la UCR. La propuesta recibió reparos por parte del defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. Gustavo Ariznabarreta. También se analizó el Asunto referido al Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura.
En esta ocasión, y tal como había quedado previsto, se avanzó en los asuntos N° 042/10 del bloque Encuentro Popular, referido al Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros maltratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y el N° 381/10 del bloque de la Unión Cívica Radical, referido a la creación del registro de condenados por delitos contra la integridad sexual.
En la misma se debatió y acordó sobre la redacción de algunos artículos del asunto 042/10 y se decidió continuar con el análisis del asunto 381/10.
Consultada por Prensa Legislativa, la Presidente del bloque de legisladores de Encuentro Popular, Elida Deheza explicó que el Observatorio contra la tortura, los tratos crueles y degradantes “establece la creación de una Comisión que permita, con las facultades que delegue la Ley, hacer un control social sobre esas instituciones donde hay personas en diversas condiciones” ya sea internadas obligatoriamente o por alguna cuestión que haga que su libertad este cercenada.
La Parlamentaria indicó que “existe un derecho que debe preservarse” por los que la Comisión “tendría las facultades de hacer un monitoreo y acercar las observaciones o las denuncias, en caso de que se detecte que alguna persona está siendo violentada en sus derechos por alguna autoridad del Estado o por alguna institución pública o privada”.
La Legisladora consideró que el tema podría ser abordado en la próxima Sesión Ordinaria ya que “han dados sus aportes todos los sectores” y agregó que “existe consenso respecto a la necesidad de control”.
Por su parte el Dr. Gustavo Ariznavarreta sostuvo que lo que se pretende es “crear una Comisión para prevenir y cumplir con las pautas internacionales en materia en seguimiento de torturas y tratos crueles” y consideró que es “algo procedente y necesario”.
REGISTRO DE CONDENADOS POR DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
Al respecto, el Dr. Gustavo Ariznabarreta explicó que “está vinculado a una temática de registros de identidad judicial de personas que han cometido delitos contra la integridad sexual” y sentenció: “Tengo una profunda diferencia filosófica”.
El defensor ante el Superior Tribunal de Justicia sostuvo que el mismo es “un avance del Estado sobre las personas que han sido condenadas por esos delitos”, y evaluó que es “una cuestión bastante compleja”.
“Hay una tensión entre el derecho que tiene la sociedad en prevenirse de cualquier delincuente y la persona que está condenada por un delito a transitar su vida en paz una vez que ha cumplido la condena” graficó.
La tensión de derechos “a veces crea un estado policial de mucho control sobre injerencias en la intimidad de las personas.” Agregó que, si se tienen en cuenta las estadísticas de Tierra del Fuego en materia de este tipo de delitos, “nos damos cuenta que es inexistente. La reincidencia en delitos cometidos contra la integridad sexual no existe”.
Por su parte la legisladora Elida Deheza consideró que “la legislación debe contemplar, con mucha responsabilidad, ya que ninguna Ley puede mediatizarse al punto de violentar derechos de alguna persona”, por lo que “estamos debatiéndolo en profundidad y nos tomaremos todo el tiempo que haga falta para que la redacción del articulado no violente ni el derecho de la víctima ni el del victimario” cerró.
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