Luego de absorber el "doble cachetazo", de Parodi y de Urtubey, los legisladores oficialistas se animan a hablar, aunque piden reserva de nombre.

Según dicen, es para no entrar en la lista de los perseguidos o de los vetados. Parodi consintió la confección de la lista para instalar más cajeros y sucursales, pero Urtubey lo desautorizó y vetó servicios que mucha gente necesita en el interior, dijeron enojados y frustrados, el jueves último, varios miembros del Senado. Es más, revelaron que fue un diputado quien pidió incluir en la ley la lista de sucursales y cajeros que necesita el interior y subrayaron que "Parodi consintió" esa propuesta.

Mientras los oficialistas puntualizan que quedaron en ridículo "por creer que Parodi tiene influencia", legisladores de la oposición mantienen la crítica al Gobierno por no llamar a licitación y por favorecer con un "negocio millonario" a la entidad de Jorge Brito.

No más ataja penales

Es tal la "calentura" que tienen los senadores oficialistas con el ministro Parodi, que están dispuestos a no seguir siendo los "ataja penales" de los ministros del Ejecutivo.

Es cierto: nadie espera una suerte de insurrección de un poder que desde hace tiempo asumió un rol pasivo frente al Ejecutivo. Sin dejar de lado su actitud disciplinada, van a hacerle sentir su disgusto a Urtubey con gestos que lo pongan incómodo.

Una muestra de ello es el visto bueno que otorgaron para que a partir de un proyecto del senador radical por Cafayate, Miguel Nanni, Parodi y la ministra de Derechos Humanos, Marianela Cansino, informen al Senado, en un plazo de cinco días, sobre los contratos que se firmaron para el partido que jugarán los seleccionados de rugby de Argentina y Sudáfrica el 23 de este mes en Salta.

El principal interrogante tiene que ver que cantidad de plata saldrá de las arcas del Estado provincia para ese encuentro.

Otra muestra de que los senadores oficialistas están dispuestos a retomar el rol de control de los actos del Gobierno, es la aprobación de un pedido de informe de la senadora del PO, Gabriela Cerrano, a quien le venían rechazando todas las iniciativas. En este caso, el ministro de Seguridad, Alejandro Cornejo, también dentro de cinco días, tendrá que informar sobre la compra de armas de paintball y cómo serán utilizadas por la Policía provincial. Cornejo también deberá informar a la Cámara alta sobre la celda que se construyó en la Central de Policía y si se prevé habilitar calabozos en dependencias policiales, de donde fueron erradicados hace mucho para evitar actos de maltrato y tortura policial.

"Un negocio billonario"

Los diputados habían agotado los argumentos para defender lo indefendible: la prórroga de un acuerdo que vence dentro de dos años para que el Banco Macro maneje como agente financiero un presupuesto anual de quince mil millones de pesos -hasta ahora- y que, encima, cobre $ 150 millones anuales de comisión, en vez de pagar por el negocio. Lo único que pidieron los oficialistas fueron unos cuantos cajeros, pero Urtubey se los vetó. Un opositor, Guillermo Martinelli, que ya había exigido una licitación, argumentando que varios bancos ofrecían pagar, en vez del servicio, dijo ahora: "Le dimos al Banco Macro un negocio de un billón de pesos". "El presupuesto provincial es de $ 15 mil millones anuales; en 10 años, $ 150 mil millones para que los administre. Pero el negocio del banco no es administrar sino crear dinero. Presta, hace encajes y gana plata con eso. Cuando se deposita $ 150 mil millones en 10 años multiplicado por 7 y le va a dar más de un billón de pesos y se va a tener claridad de lo que se prestó y el negocio que generó al banco".