Argumentando la necesidad de dotar de mayor transparencia el proceso de selección de magistrados para poner coto a las sospechas de que con el actual sistema los concursos se resuelven en función de los intereses políticos o sectoriales de quienes integran el Consejo de la Magistratura, los legisladores de ARI volvieron a insistir en la necesidad de adoptar un procedimiento de selección que contemple “criterios objetivos y previamente determinados” de evaluación de las condiciones profesionales de los candidatos, que limite el grado de arbitrariedad “que brinda el actual sistema”.

En el escrito señalan que desde un tiempo a esta parte se han venido cuestionando los criterios de selección que se emplean a los efectos de proceder a la designación de funcionarios y magistrados del Poder Judicial, y que está cuestión vuelve a suscitar la atención comunitaria con motivo de expresiones generalizadas sobre la existencia de “vaquitas”, “sobres de la pesca y de la basura”, “hermanos de legisladores que cubrirían cargos en el Tribunal de Cuentas”, “ministro que sería el nuevo Fiscal de Estado” o “ya tenemos el nombre del reemplazante de Maffei”, que no hacen sino traer descrédito a las instituciones, señalan.

Más allá de rechazar ese tipo de denuncias mediáticas, consideran que para frenar ese tipo de especulaciones resulta apropiado y conveniente cambiar “las prácticas que en definitiva las generan”. Respaldan su pedido, entre otras cuestiones, en la postura surgida de la Cuarta Conferencia Nacional de Jueces.

En el encuentro desarrollado a principios de mes –del que participaron el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus) y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM)– los magistrados pidieron un “sistema transparente” para las designaciones, despojado de “influencias políticas indebidas” y en las que prevalezca “el mérito” de los postulantes.

En el documento surgido del encuentro se indica que “la selección de los jueces debe estar a cargo de órganos que permitan garantizar la independencia del Poder Judicial” y se considera “fundamental que se garantice la igualdad de oportunidad para todos aquellos que reúnan las condiciones intelectuales y éticas básicas necesarias para la función judicial; la excelencia, celeridad, transparencia, publicidad, a la vez que el anonimato en la prueba de oposición escrita en el procedimiento de selección”. Se agrega que “la idoneidad debe ser la pauta básica para la selección, utilizando a tales fines concursos de antecedentes y de oposición, que puedan ser controlados. Debe existir un equilibrio en los puntajes asignados a las diferentes etapas de evaluación sin que la entrevista personal pueda desnaturalizar la pauta de la idoneidad objetiva y la igualdad de oportunidades”.

Otra vez a la Justicia

Tras las declaraciones del abogado Francisco Jiménez, quien denunció públicamente que tres legisladores le habían solicitado 8 millones de pesos al ex gobernador Colazo para que no avanzara el juicio político que terminó destituyéndolo; que funcionarios de anteriores gestiones gubernamentales y de la actual van a una “oficina de Puerto Madero a buscar la plata de la caja de la pesca”, y que también existe “una caja de la basura” en el ámbito de los municipios, los legisladores del ARI anunciaron que este lunes se presentarán ante la Justicia para pedir ser investigados por los hechos denunciados.

Los parlamentarios ya habían adoptado igual criterio ante la denuncia pública de Luís Augsburger, ex abogado defensor de Claudio Ricciuti, quien había sostenido que un allegado a la Legislatura le habían planteado a un allegado al Tribunal que Ricciuti hiciera una vaquita para “planchar” el juicio a los miembros del órgano de control.