Los directivos de las empresas Edenor y Edesur fueron denunciados por legisladores porteños por el delito de sabotaje por los cortes de energía eléctrica que se produjeron en los últimos días. También fue denunciado el Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica. El delito tiene penas de hasta 25 años de prisión.

La denuncia fue realizada por los legisladores Pablo Bergel y Gustavo Vera en la Comisaría 3 de la Ciudad de Buenos Aires, ya que antes intentaron hacerlo en los tribunales de Comodoro Py y en el Palacio de Tribunales, donde no recibieron la presentación debido al asueto administrativo, según dijeron los legisladores de Proyecto Sur.

"Corresponde que se investigue si por los medios de la desinversión y del vaciamiento de las compañías proveedoras de la electricidad se ha desorganizado el servicio con la finalidad de perturbar el desarrollo comercial, industrial, económico y social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los partidos del conurbano porteño", dice la presentación.

Por el turno, la presentación será evaluada por el juzgado federal 10 a cargo de Julián Ercolini, ante quien también denunciaron "la posible participación de los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Planificación Federal en virtud del posible incumplimiento de los deberes a su cargo".

El delito por el que fueron denunciados está previsto en el artículo 7 de la ley 13.985 que dice que será reprimido con "prisión de uno a veinticinco años el que por cualquier medio desorganizare, destruyere, deteriorare o inutilizare, en todo o en parte, temporal o definitivamente, documentos, objetos, materiales, instalaciones, servicios o industrias de cualquier naturaleza, con el propósito de perturbar, retardar o impedir el desarrollo militar, económico, financiero, social, científico o industrial de la Nación".

En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios, Invocaron el artículo 10 de la ley que prevé "prisión de un mes a cinco años, o multa de 100 a 10.000 pesos el que por imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de los reglamentos permitiese o facilitase" la comisión de los delitos previstos en la norma.

Los denunciantes hicieron referencia a la situación de emergencia provocada por los cortes de luz, sumado a la falta de agua en miles de viviendas de la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense.

Dijeron en la presentación que "vuelven a saltar por los aires las empresas otrora privatizadas y luego mal reguladas y peor controladas" y que se "busca imponer estatizaciones ruinosas y carísimas".

"En el caso de las compañías Edenor y Edesur cabe señalar que del análisis de los balances de ambas empresas distribuidoras de energía, surge que presentan dificultades que hacen prever su disminución de capital y hasta la liquidación misma de las empresas", dijeron los legisladores.

Señalaron que "a pesar que los organismos de control y el Poder Ejecutivo Nacional, cuyos funcionarios integran los directorios de las mencionadas compañías, se encuentran en conocimiento de ello, no adoptaron medidas tendientes a evitar consecuencias mayores, como las que ahora están padeciendo los usuarios de las empresas de electricidad".

"En efecto, las empresas presentan pérdidas acumuladas y déficit de capital de trabajo", concluyeron.