A través de una carta, dos parlamentarios justicialistas relataron al titular Diputado Nacional de Nuevo Encuentro "hechos graves que signan la realidad" de Río Negro. Quieren que Sabbatella no apoye al radicalismo provincial en el marco de una concertación kirchnerista. En su misiva mencionan que algunos funcionarios están "procesados", aunque en realidad las causas no tienen a miembros del Ejecutivo en esa condición judicial.
La misiva, sin embargo, incluye algunos errores como mencionar como "procesados" a funcionarios del Ejecutivo en la causa por los sobresueldos, cuando en realidad la Justicia no avanzó en esa dirección. La misma situación se planteó con una errónea mención sobre la situación judicial de funcionarios en torno a la causa Flavors.
En otro párrafo de la carta, donde fundamentan el envío de la carta, explican que "la razón de lo expuesto se funda en las vinculaciones que expresa Nuevo Encuentro en relación con el proyecto nacional del que formamos parte y que conduce nuestra Presidenta, la compañera Cristina Fernández de Kirchner y, por otro lado, por la relación que guarda el referente provincial de su partido con el gobierno de Miguel Saiz, junto a la anunciada y probable alianza de Nuevo Encuentro con el radicalismo rionegrino".
Al respecto, señalaron: "Conocemos su obra de gobierno en el Municipio de Morón y, sobre todo, los mecanismos de transparencia que aplicó en el funcionamiento de la administración de su comuna, una verdadera contracara de lo que sucede en Río Negro. A propósito -indican los parlamentarios en su carta- hace pocas semanas la comunidad rionegrina se vio sacudida al tomar estado público que funcionarios de la actual administración reciben sobresueldos, entre los que se cuenta la persona que referencia a Nuevo Encuentro en Río Negro, el señor Mateo Canosa, en un hecho absolutamente ilícito que ha implicado el procesamiento de los ministros y del secretario general de la Gobernación. Usted demostró, por el contrario, y desde la gestión concreta, que honestidad y eficiencia van de la mano y que para el desarrollo de una comunidad y la construcción de ciudadanía es necesario que los gobernantes estén dispuestos a compartir la toma de decisiones mediante los mecanismos de participación ciudadana".
Luego de mencionar algunos conceptos del informe brindado por la Defensora del Pueblo a la Legislatura, a mediados del mes de marzo de este año, la carta firmada por Peralta y Pesatti reseñaron que "la impunidad en torno a todos estos hechos, como producto de una justicia cautiva del poder político; el contrato con la Empresa Flavors y la distribución de alimentos de bajísima calidad que originó el procesamiento de los funcionarios implicados en la relación con esa empresa; la renegociación de los contratos con las empresas petroleras muchos años antes de que éstos venzan; el pago de sobresueldos a través de mecanismos improcedentes con el ordenamiento jurídico del estado; el abrazo público de Miguel Saiz con Van Ditmar, el personero de Lewis, dueño de Lago Escondido; las compras directas como mecanismo habitual; crímenes de jóvenes sin esclarecer como el de Otoño Uriarte y Atahualpa Martínez Vinaya; los hechos de público conocimiento de Bariloche del año pasado, cuando terminaron con la vida de Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en el marco de la represión desatada en el barrio Boris Furman; el fusilamiento en Viedma de Guillermo Trafiñanco, joven de 16 años, de un balazo en la nuca cuando ya estaba en el piso de su escuela; el delito de Trata de Personas con sometimiento sexual, que en nuestra provincia esta probado, cuenta con la protección y complicidad de funcionarios policiales; la connivencia del Gobierno Provincial con represores, como el caso del denunciado oportunamente por nosotros, Carlos Lorenzati, integrante del Batallón de Inteligencia 601 en la ultima dictadura militar, y que se desempeñaba en el cargo de Director de Análisis Delictivo de la Secretaria de Seguridad y Justicia del Ministerio de Gobierno; policías exonerados de la repartición, como el caso del oficial Ormeño, por investigar hechos que claramente el jefe de la Policía de ese momento y actual Secretario de Seguridad, Víctor Cufré, no quería".
"Por todo ello -remata la misiva enviada a Martín Sabbatella- consideramos nuestro deber reiterarle que el referente de Nuevo Encuentro en la provincia, cuya renuncia como funcionario de Miguel Saiz se produjo este 5 de mayo, jamás tuvo, como resulta obvio, una postura crítica frente a los hechos que hemos detallado y, por lo tanto, su incoherencia es manifiesta respecto al ideario que sustenta la razón de ser de su partido. Canosa -indican finalmente Peralta y Pesatti- además de cobrar un sobresueldo en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación, es un dirigente claramente funcional a un régimen que desde hace veintiocho años hegemoniza la vida política e institucional de la Provincia con el único propósito de retener el poder por el poder mismo".
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