Entre los fundamentos de esta innovadora iniciativa las legisladoras dijeron que la ordenación de los medicamentos es una necesidad universalmente asentida. Señalaron que en los últimos 25 años casi todos los países desarrollados han promulgado sus leyes del medicamento.

Explicaron que puede hablarse de dos generaciones de leyes de medicamentos, una primera, hasta los años sesenta, la cual exige seguridad pero no reclama demostración de eficacia. Después de 1962, la catástrofe de la talidomida introduce un cambio fundamental y permite hablar de una segunda generación de leyes que exigen seguridad y eficacia demostrada con ensayos clínicos controlados.

"Ahora -remarcaron las legisladoras-, quizás estemos ante una tercera generación de leyes del medicamento ya que la preocupación se ha desplazado desde los requisitos que ha de cumplir el producto hasta las condiciones para su uso racional.

Las autoras agregaron que esta ley del medicamento pretende, en primer término, propulsar el progreso de la atención a la salud proporcionando apoyo institucional firme a un decidido empeño por aprovechar los beneficios y reducir los riesgos que los medicamentos son susceptibles de proporcionar. Hicieron notar que los medicamentos han conseguido en los últimos ochenta años éxitos memorables en la prevención y lucha contra el dolor y la enfermedad, ya que en realidad una gran parte de los actos y procedimientos médicos o quirúrgicos incluyen un tratamiento medicamentoso.

Maglietti y Di Biase agregaron que el abuso de medicamentos cuyo empleo racional es beneficioso, puede originar problemas de salud graves, por ejemplo, insuficiencias renales o hepáticas irreversibles. También se da la infrautilización de medicamentos, aun estando disponibles. Esta ley también quiere propulsar las nuevas tecnologías potenciando la indisoluble unión entre medicamentos y desarrollo científico y tecnológico.

De sancionarse esta iniciativa, subrayaron que se contribuirá a la existencia de medicamentos seguros, eficaces, accesibles y de calidad, correctamente identificados y con información apropiada.

Para conseguirlo proponen: El principio de intervención pública, sometiendo la comercialización de medicamentos a autorización sanitaria y registro previos que a estos efectos tienen carácter constitutivo y que determina que los medicamentos sean legalmente reconocidos y no clandestinos; una lista cerrada de las categorías de medicamentos legales; las condiciones a las que se debe ajustar la investigación de medicamentos, especialmente en personas; los criterios que deben regir el proceso de evaluación, previo a la autorización, de la especialidad farmacéutica para comprobar que se puede poner en el mercado.

También dijeron que se intenta con esta norma regular las condiciones de la fabricación en la Provincia de Formosa y del tráfico con las provincias apoyadas en instrumentos tales como la farmacopea argentina, el formulario fármaco terapéutico de la provincia y las normas de correcta fabricación; se regula la vigilancia de reacciones adversas, ratificando el deber de declararlas y dando las normas básicas de funcionamiento de un sistema de fármaco vigilancia como elemento integrante del Programa Nacional de Fármaco vigilancia.

También establece la revisión de medicamentos para ajustar los ya disponibles a los requisitos de la ley.