El proyecto de legalización de la marihuana en Uruguay, impulsado por el gobierno de José Mujica, instaló visiones antagónicas entre especialistas. Un sector considera que la medida influirá positivamente porque provocará una caída en el consumo de drogas duras, tal como argumenta el oficialismo, mientras que otro señala que lo único que hace es banalizar los efectos nocivos de esa droga.
La regulación de un mercado ya existente, explica la profesional, le sacará el control al narcotráfico. Aunque admite que de todas formas “inicialmente puede ser que haya un aumento” del consumo.
En la vereda opuesta, el psiquiatra Pablo Trelles, con más de 20 años de experiencia en el tratamiento de jóvenes en contexto crítico, advierte sobre la posibilidad de que vastos sectores se vuelvan consumidores “solo porque no se ha analizado y se han banalizado los riesgos que tiene esta ley para la salud pública”.
Trelles está en “total desacuerdo” con la ley impulsada por el presidente Mujica, que convertirá a Uruguay en el primer país del mundo en el que el Estado asuma el control y la regulación del mercado de cannabis. “Cuando se avala esta ley el mensaje que usted le envía a toda la población es que es una droga, pero es menos mala que otras drogas y por lo tanto pasible de ser consumida”, opinó.
Las críticas y la duda generalizada ante los posibles beneficios y la utilidad práctica de la nueva disposición marcan serias divisiones también entre organizaciones sociales y gremiales que tendrán que lidiar con el asunto una vez se convierta en ley. Ni policías, ni expertos en el tratamiento del uso problemático de drogas, ni asociaciones de farmacéuticos, encargados de dispensar la droga según el proyecto legislativo, ven con buenos ojos esta iniciativa.
La ley ya fue aprobada en julio pasado por la Cámara de Diputados, y el próximo martes el Senado se encargaría de darle el visto bueno, ya que el oficialismo cuenta allí con la mayoría necesaria.
El proyecto otorga al gobierno el control y reglamentación de la importación, cultivo, cosecha, distribución y comercialización del cannabis y sus derivados. Además, permite la venta en farmacias de 40 gramos mensuales de marihuana por usuario a residentes en el país.
El controvertido proyecto no sólo instaló un fuerte debate entre los expertos y organismos del área, sino también en la sociedad.
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