Hacen falta protocolos obligatorios que recorten la discrecionalidad de los investigadores, según el activista pro víctimas de la impunidad. "En el presente, el fiscal de Instrucción es el peor enemigo de las víctimas y de sus familiares", opinó el papá de Paulina, joven asesinada en 2006
"Este programa despoja arbitraria e ilegítimamente a las víctimas y a sus familiares del derecho a saber quiénes fueron los responsables del hecho ilícito; en qué circunstancias ocurrió este, y el estado de las investigaciones. Su única finalidad es implementar y promover el uso de remedios alternativos que extinguen la acción penal y concluyen el proceso excluyendo el juicio oral y la sentencia de condena", añadió por escrito la letrada Patricia González, esposa de Lebbos y colaboradora de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán que este anima en su carácter de padre de Paulina, la estudiante universitaria asesinada cruelmente en 2006.
Larga es la lista de objeciones al plan aprobado con los votos de los vocales Antonio Estofán (presidente de la Corte), Antonio Gandur y Daniel Posse. Entre ellas se destaca una crítica que Lebbos formula con especial vehemencia: "en el presente, el fiscal de Instrucción es el peor enemigo de la víctima y de sus familiares". Por ello, antes que aumentar su poder de decisión -como postula el plan piloto de la CSJT-, el activista pide más control. Y, por ejemplo, propone confeccionar protocolos de aplicación obligatoria durante la investigación penal preparatoria que impidan que las medidas investigativas y probatorias dependan de la discrecionalidad.
"Estas instrucciones deben establecer obligaciones concretas para ser desarrolladas en plazos razonables, y cuyo incumplimiento permita configurar la responsabilidad civil, penal y política de los fiscales", expresaron Lebbos y González. Esos protocolos implicarían, en la práctica, jerarquizar la intervención y participación de la víctima y de la querella. "No queremos suplir al investigador, sino ejercer la debida fiscalización de su actuación: esta es la base para que la profundización del sistema acusatorio lleve a lograr soluciones no sólo rápidas sino, sobre todo, justas", explicaron.
Celeridad insustancial
Los cónyuges consideran que, tal y como fue redactado (en la acordada 107 del 12 de marzo de 2013), el programa de la Corte es inconstitucional (el mismo alto tribunal suspendió su implementación indefinidamente como consecuencia de su judicialización y de un conflicto de facultades con la Legislatura). Según su criterio, este plan conculca los derechos a la verdad, a la justicia y a la tutela judicial efectiva, que están amparados por la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Lebbos y González dicen que el proyecto neutraliza a la víctima y a sus familiares en los delitos más graves; faculta al fiscal para que fomente el uso de medidas alternativas de resolución de conflictos sin el consentimiento del afectado por el delito y sin garantizar la reparación total del año causado, y obliga al investigador a "un imposible": recabar más pruebas en menos tiempo con los mismos -escasos- recursos materiales que tiene en el presente.
"En este contexto, el principio de 'celeridad' seguramente se transformará en sinónimo de archivo de actuaciones y, en consecuencia, en impunidad", analizaron. Y anticiparon que la inconstitucionalidad mencionada requiere una reformulación del plan y no la mera sanción de una ley, como pretenden los parlamentarios del oficialismo y de la oposición disconformes con la decisión de la Corte Suprema de proceder a diseñar el plan piloto por medio de acordadas reglamentarias.
Desde que comenzaron a desfilar frente a los jueces los testigos y víctimas de los casos del Arsenal, son pocos los imputados que permanecen en la sala de audiencias del TOF. El resto de los acusados hacen uso de la opción de permanecer en una sala contigua y desde allí siguen el debate. Hasta el momento, los testimonios se caracterizaron por su crudeza.
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