Hernán de GoñiEl argumento utilizado por el Gobierno para aplicar la Ley de Lealtad Comercial a las consultoras económicas que difunden índices de precios alternativos puede volverse un tiro por la culata. Porque el deseo oficial es tratar de comprobar si violaron el artículo que penaliza “la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión”. Y ante semejante propósito, vale preguntarse si al Indec no le cabría ser juzgado con el mismo parámetro.
Hasta ahora no se ha escuchado a quienes consumen los informes privados de precios quejarse de sus efectos. Convengamos que no se puede decir lo mismo del Indec, ya que los tenedores de bonos han sufrido un perjuicio palpable.
El Gobierno puede amparar su política hacia el Indec en una decisión política. Pero al menos debería respetar que el resto de los actores defiendan sus intereses en un marco de libertad de expresión.
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