Cansados de esperar, entre trámites burocráticos y mesas de entrada del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), un grupo de vecinos de Lavalle conformaron una cooperativa de vivienda y ya están levantando el barrio Las Palmeras, de 250 casas. Esperan los fondos de la Nación para construir los techos y las aberturas. En articulación con el Municipio, estas personas se pusieron a trabajar hace un año, cuando colocaron los primeros ladrillos, y hoy ya tienen terminadas siete viviendas.

La Comuna, comandada por Roberto Righi, captó esta necesidad en la población e, inmediatamente, brindó su ayuda. “Los vecinos se quejaban de que tenían que esperar mínimo 4 años para empezar a pagar sus casas y, mientras tanto, tenían que hacer muchos trámites”, explicó Righi. Estas organizaciones intermedias propusieron realizar un plan propio, ya que los fondos de la Nación y la Provincia tienen sus tiempos, muchas veces extensos para la necesidad habitacional.

Por eso, la Comuna asesoró a los vecinos a la hora de obtener la personería jurídica, por medio del director de Relaciones con la Comunidad, Lucas Mena, quien, luego, les ayudó a conseguir el terreno. Una vez que se compra el lote, el Municipio realiza el terraplén donde se levantará cada una de las viviendas. Esto es un gran aporte, ya que cada uno de estos trabajos cuesta unos 5.000 pesos.

Además, se brinda todo el asesoramiento técnico, desde los planos hasta el agua o energía para la obra. Por otro lado, se financian 20.000 pesos por entidad para que empiecen las compras de materiales. “Lo importante es que en lugar de esperar que el Estado les diera todo, fueron un paso adelante y se pusieron a trabajar ya”, explicó José Blanco, director de Vivienda de Lavalle.

Estas casas del barrio Las Palmeras, que comenzó a edificarse en febrero del 2010, tienen 85 metros cuadrados cubiertos, incluyen tres dormitorios, cocina comedor y baño con pozo séptico. El costo en material de estas viviendas es de unos 50.000 pesos, sin tener en cuenta la mano de obra. Los socios miembros de la cooperativa se reúnen todos los fines de semana para trabajar y afirman que “todos hacen todo”.

Marco Antonio López es albañil y hermano de la presidenta de la cooperativa, Viviana López. El hombre comentó que un grupo de 60 personas se reparten las tareas los sábados y domingos. “Tanto hombres como mujeres atamos vigas, doblamos hierros, levantamos paredes, de igual a igual”, relató López. Primero fueron 20 personas que estaban trabajando en el barrio que levantó la agrupación social Túpac Amaru, pero, luego, se separaron de esta y decidieron independizarse.

Cada uno de los socios paga 250 pesos por mes y, además, realizan actividades, como bingos, sorteos y ferias, para recaudar dinero que vaya al fondo común. “A veces lo hacemos por si alguno no puede pagar la cuota”, explicó Julián Labra, otro de los constructores. Jesica Rosas, tesorera, contó que también planean realizar un centro asistencial y un espacio verde, como una plaza, para los niños.

Para el titular del IPV, Carmelo Simó, la iniciativa es muy buena. “Reconozco que el déficit habitacional en el país y en la provincia es muy grande. Hay que sacarse el sombrero ante estas personas y ojalá que toda comunidad tenga esta iniciativa de empezar a trabajar”, comentó Simó. Actualmente, el Municipio está trabajando con dos entidades más, pero con viviendas más chicas. Estas tienen dos dormitorios y están ubicadas en Jocolí Viejo y en Villa Tulumaya.

El diputado Marín pidió un informe al IPV por los planes para clase media

El diputado provincial Andrés Marín pidió un informe al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para dar detalles de los planes de viviendas para la clase media. La idea es que se informe por escrito a la Cámara de Diputados el detalle de qué se hizo con el fideicomiso por 50 millones de pesos para la primera etapa del plan de construcción de viviendas para la clase media.

En síntesis, se pide que se indique la cantidad de viviendas que se ha previsto construir, cuántas por departamento, el nombre del barrio y su ubicación, los montos comprometidos, la fecha estimada de comienzo de las obras y toda otra consideración que estimen de interés para la mejor información de los legisladores.

El informe que solicita Marín también pide que se detalle lo que se va a licitar este año (otros 90 millones de pesos en bonos) para la segunda fase del denominado Plan de Viviendas para la Clase Media, la fecha prevista y el plan para su distribución, si existiera. Los datos que se piden son los mismos. El plan fue aprobado en la Legislatura hace un año y medio y recién ahora se pondrá en marcha. Por el aumento en los costos de construcción, las 5.500 viviendas anunciadas para la clase media mendocina hoy son 3.500, afirmó Marín.