Apremiado por los tiempos parlamentarios y por la reticencia del peronismo, con la que en principio no contaban en la Casa Rosada, el Gobierno empezó a mirar con preocupación el calendario legislativo por la sucesión de tropezones en torno a la implementación de la Boleta Única Electrónica contemplada dentro del proyecto oficialista de reforma política. Fue una de las principales razones por la que Mauricio Macri retrasó el envío del texto para modificar la ley que regula el financiamiento de los partidos políticos, en especial en época de campaña, un cambio crucial de cara a las elecciones del próximo año.

En paralelo, y aún con mucha menos visibilidad y estruendo mediático y político, Horacio Rodríguez Larreta ultima los detalles de su propia reforma política, que se propuso mandar en las próximas semanas a la Legislatura porteña y que, a diferencia de su jefe político, sí contempla fuertes cambios en el financiamiento de las campañas, un debate que el gobierno nacional por ahora aplazó para más adelante.

Según el proyecto que por estos días deberá terminar de aprobar el jefe de Gobierno porteño, y a cuyos principales lineamientos accedió Infobae, la reforma política impulsada por Rodríguez Larreta crea un Código Electoral, un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida electoral de la ciudad de Buenos Aires, que hasta ahora se rige por el código nacional viejo. Dentro de ese esquema, el financiamiento de las campañas es una pata clave del borrador que en el Ejecutivo porteño esperan enviar a la Legislatura antes de fin de año para aprobarlo cuando se reinicien las sesiones ordinarias, en el 2017.

En ese sentido, el proyecto le abre la puerta al aporte de empresas a las campañas -lo mismo que analizan en la Casa Rosada-, aumenta los topes y los montos, crea un registro de proveedores para controlar los ingresos y egresos de los partidos y eleva las penas a los candidatos cuyas campañas estén teñidas por alguna irregularidad. "No queremos que haya gastos en negro", aseguraron desde el Gobierno porteño. En un principio, los cráneos de la reforma habían pensado en la liberación total de las donaciones de campaña, es decir sin topes. Pero hubo resistencia por parte de la cúpula del Ejecutivo.