Aunque la educación es una de las principales preocupaciones de la sociedad jujeña, la cantidad de proyectos significativos sobre el tema que se sancionan en la Cámara de Diputados es impresentable: en todo el período 2010 y en lo que va del 2011, se aprobó la módica suma de cinco leyes.
La cantidad de proyectos que pasaron en 2010 y en lo que va de 2011 a la Comisión de Educación es abrumadora, pero muy pocos diputados se pueden jactar de que sus iniciativas lograron atención y dictamen. Uno de ellos es el radical Jorge Rizzotti, quien logró que su proyecto presentado el año pasado propiciando imponer el nombre de “Batalla de Quera” a la escuela 440 de La Quiaca, salga con despacho y se apruebe en el recinto. Lo mismo sucedió con otro de sus proyectos proponiendo que el 15 de mayo sea instituido como el “Día del Malón de la Paz”.
Un caso quizás más inquietante es el de Susana Pantoja, también del Radicalismo, autora de un proyecto de Ley Orgánica de Educación que duerme desde hace más de dos años, sin siquiera haberse abierto el expediente en alguna reunión. No obstante, Pantoja se puede dar por satisfecha pues consiguió que el año pasado la Comisión presidida por Rivarola despache un proyecto de adhesión a la Ley nacional 25.817 de creación del Programa nacional de Educación para la Prevención Sísmica, que la Cámara sancionó. Pantoja pidió la creación de un fondo escolar para el mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos educativos de la provincia mucho antes del derrumbe en la Escuela Normal Juan Ignacio de Gorriti. No consiguió aprobación.
El justicialista Miguel Morales tiene numerosos proyectos en la Comisión de Educación, pero desde el 2010 hasta hoy solo consiguió que le despachen el de Creación del Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción, sancionado en la decimo octava sesión ordinaria del año pasado.
Otra legisladora del PJ, María Elina Domínguez es autora de una iniciativa que también pasó el colador. Es una ley que establece la obligatoriedad de que los nombres de las escuelas estén vinculados a “principios democráticos y republicanos”.
Un vistazo por la gran cantidad de proyectos de ley que fueron presentados durante el pasado período legislativo y lo que va de éste, muestra que el problema no es la falta de iniciativas.
Existe una inquietante cantidad de ellos propiciando proteger el patrimonio cultural e histórico de Jujuy que están cajoneados. Hasta para los diputados que tienen aceitadas relaciones con el clan Rivarola, mover la modorra de la Comisión de Educación no es un asunto fácil. Es el caso de la diputada Patricia Arach (PJ), quien propuso declarar monumento histórico provincial a la vieja estación ferroviaria de Perico, sin conseguir despacho. Arach también propuso la sanción de una ley para implementar en forma progresiva y gradual los gabinetes psicopedagógicos y sociales, con el fin de ayudar a miles de niños y jóvenes con problemas y que carecen de toda ayuda profesional. Tampoco logró dictamen.
María Elina Domínguez solicitó se declare patrimonio histórico arquitectónico y cultural al edificio de la Escuela 253 “Provincia de Chaco” de Yuto; Mariela Ortiz propició el mismo reconocimiento para el conjunto patrimonial del Centro Cívico de Palpalá y de la Mina 9 de Octubre; Alejandra Martínez de la UCR solicitó que se declare monumento histórico provincial al templo y la casa del Buen Pastor y la sala histórica de Plinio Zabala en Perico. Todos duermen.
La legisladora Isolina Comas del bloque Primero Jujuy presentó un proyecto de ley de afectación de personal de vigilancia en las escuelas y otro para que se establezcan instituciones de defensa de los derechos de autor; también una modificación de la Ley 4816 referida a la Bandera de Jujuy. Ninguno prosperó.
Igual suerte corrieron proyectos de Miguel Tito (PJ) de creación del Museo Provincial de Artes Visuales y de declaración de patrimonio cultural viviente a artistas y trabajadores de la cultura.
Jorge Rizzotti de la UCR presentó un proyecto planteando el fomento del Muralismo y el justicialista Miguel Morales pidiendo la creación del Régimen de Promoción Privada de la Cultura. También Morales presentó una iniciativa para adecuar a la Ley 26058 las normas provinciales que rigen la educación técnica profesional. Todas murieron en la Comisión de Educación.
La diputada Eva Cruz, de la bancada oficialista, solicitó que se incorpore la Fundación Sentir al régimen de subsidios de la Ley 3794, iniciativa que no prosperó en 2010 y se volvió a presentar en este período. No tuvo mejor destino su iniciativa promoviendo la adhesión a la ley nacional 26468 sobre opción del idioma portugués en escuelas secundarias.
El proyecto de ley de creación del Programa Provincial de Prevención y Atención de la Violencia en el ámbito escolar, que presentó la legisladora radical Susana Pantoja está bien guardado, junto a otro de Jorge Rizzotti para que el Poder Ejecutivo transfiera fondos con el fin de cubrir los sueldos del personal de la Escuela Municipal Marina Vilte de Alto Comedero. Un pedido de informes sobre la implementación del Programa nacional de Educación Sexual Integral –también de Rizzotti- no consiguió despacho en la Comisión de Educación.
Hay decenas de otras iniciativas, cuyo tratamiento está congelado.
La inacción de la Comisión de Educación avergüenza a empleados y ya colmó la paciencia afuera de la Legislatura. El Colegio de Arquitectos se quejó públicamente de la inconcebible mora en la sanción de ley de Patrimonio Cultural y Natural, que la Cámara tiene “en estudio” desde hace más de cinco años. La protesta fue recogida y planteada en el recinto por el diputado Miguel Tito, quien no apeló a eufemismos para denunciar el irresponsable e injustificable cajoneo de una norma de tamaña trascendencia para los jujeños. Nadie lo refutó.
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