La norma se presenta a más de un mes de la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, donde la presidenta Cristina Kirchner pidió a los representantes que se legisle sobre las formas de protestar en la Argentina. En ese sentido, el proyecto hace mención a sus declaraciones: "Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no impidiendo que la gente vaya a trabajar".

Asimismo, la iniciativa llega en medio de los debates que suscitó la jornada de paro nacional del 10 de abril, en la que sectores de izquierda y combativos diseminaron más de 50 piquetes en todo el país para llevar a cabo su protesta.

Desde el PRO hasta el Frente Renovador, e incluso los sectores que llamaron al paro desde las centrales opositoras -Hugo Moyano y Luis Barrionuevo- atacaron al Frente de Izquierda y a estos sectores por los piquetes. Mauricio Macri lo hizo explícito: "Colaboraremos con la Presidenta para evitar los cortes de calles".

La autoridad de aplicación de la norma sería el Ministerio de Seguridad, y la norma pretende que los manifestantes avisen 48 horas antes de su movilización, especificando horario, lugar, motivo y designando un delegado, que será mediador ante la autoridad sobre la que se peticione.

Si la manifestación es catalogada como "ilegítima", es decir que no cumple los requisitos de no cortar calles, afectar a servicios esenciales o no dar previo aviso, las fuerzas de seguridad pueden "dispersar" la misma.

Eso sí, hace una salvedad respecto a la dispersión: previamente, personal civil debe disuadir a los manifestantes. Al comienzo de la mediación los que estén protestando deberán liberar parcialmente el camino.