La cuestión se ha tornado en los últimos tiempos más urticante por dos motivos centrales: las crecientes dificultades fiscales de los Estados provinciales y la pérdida de apoyo popular que ha experimentado el Poder Ejecutivo Nacional.

Los actores arrastran un viejo telón de fondo que exhibe números cada vez más mezquinos para las provincias. Mientras que a comienzos de la década del 90 los distritos provinciales percibían en conjunto el 46 por ciento de los recursos tributarios, hoy reciben no más del 33 por ciento, pese a que soportan mayores gastos por la transferencia de los servicios de salud y educación. El Estado nacional se lleva casi el 70 por ciento y distribuye una parte de manera discrecional, habitualmente tendiendo a beneficiar a aquellas gobernaciones provinciales más fieles a los intereses políticos de la Casa Rosada.

La mayoría de los gobernadores cuestiona la existencia de impuestos no coparticipables o coparticipables sólo en parte y la presencia como tercer socio en el reparto de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que, además de los aportes provisionales, se lleva un 15 por ciento de los recursos coparticipables.

Este estado de ánimo general de los gobernadores derivó recientemente en avances en el Senado de la Nación para impulsar la coparticipación total de lo recaudado por el impuesto al cheque y no tan sólo el 30 por ciento, como ocurre en la actualidad.

Pero el gobierno nacional no está dispuesto a ceder más recursos ni mucho menos a perder el elevado margen de discrecionalidad que tiene a la hora de decidir cuáles provincias recibirán más dinero y cuáles recibirán menos.

En la reunión efectuada ayer en la quinta presidencial de Olivos entre Cristina Fernández de Kirchner y un buen número de gobernadores, surgió la posibilidad de comenzar a discutir una nueva ley de coparticipación federal y hasta se habló de la hipótesis de eliminar el impuesto al cheque, uno de los tributos más distorsivos de la economía argentina, a juicio de no pocos economistas.

Pero por ahora todas estas alternativas que se barajan desde el Gobierno parecen hijas de una misma estrategia oficial: ganar tiempo para que cualquier cambio se demore y para que, entretanto, los Kirchner no pierdan el control sobre el cuchillo que debe cortar la torta.