Después de una larga espera, la Suprema Corte de Justicia de la provincia creó la Secretaría Vespertina para los Juzgados de Instrucción Penal de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en San Rafael. El anuncio quedó formalizado al mediodía de ayer en los tribunales locales, y cumple con el compromiso que había tomado la Corte de efectivizar medidas para solucionar una situación crítica. 

La Secretaría, en un principio, funcionará con los tres Juzgados de Instrucción que tiene San Rafael, y después se asignará un secretario a cada uno de ellos para que funcione de manera independiente. Va a tener secretario, prosecretario, jefe de mesa de entradas y cuatro auxiliares en principio, hasta que se nombren los otros dos secretarios y así se cubra cada uno de los Juzgados.

Con esto han salido resoluciones para que se disponga presupuestariamente la asignación de partidas para completar cargos y componer las Fiscalías de Instrucción. 

En lo que respecta al resto de la circunscripción, para Malargüe se ha creado un Juzgado Penal con competencias múltiples (es decir, entiende en temas de faltas, correccional y de instrucción), y resta crear la Fiscalía de Competencias Múltiples.

Una situación que fue muy claramente marcada es la limitación presupuestaria. El Poder Judicial representa en el presupuesto de este año el 3,6%, y se dijo que todo el aparato judicial de Mendoza debe equivaler a un tercio del de La Matanza, en el conurbano bonaerense, o a la mitad de los tribunales de La Plata. Para agravar la situación, la provincia está señalada como la de mayor litigiosidad de toda la Argentina. 

Otra preocupación de la Justicia es la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal, que se viene postergando en la provincia. Hasta ahora, en la circunscripción, se sigue trabajando con el antiguo, aunque hay institutos del nuevo que se mezclan en el ejercicio, y está claro que para la puesta en marcha el problema también es presupuestario, pues se deberán crear muchas nuevas dependencias y también concursar y cubrir cientos de puestos, todo con una disponibilidad de fondos exigua. El nuevo Código presenta como ventajas las facultades que tiene el fiscal para la persecución del delito, mientras que el trabajo del juez de Garantías va supervisando el proceso, y evita la sobrecarga de tareas sobre el juez.

En los juzgados penales locales, la cantidad de expedientes se estima en unos diez mil, y a ello hay que sumarle todo lo que tiene que ver con delitos cometidos por autores ignorados. Verdaderamente la sobrecarga de causas es muy alta, y conspira contra un servicio de Justicia más eficiente. La presión social, que se ha incrementado a partir de los sonados casos de inseguridad pública, supone una carga extra que deben afrontar los funcionarios judiciales, que de todos modos ejercen su defensa a partir de lo que impone la ley. 

Las soluciones por el lado de la infraestructura y la creación de dependencias es un modo de tratar de dar soluciones a una demanda creciente. Pero la inseguridad depende de una pluralidad de factores que excede largamente esto. De entenderlo y canalizar la demanda por los cauces adecuados dependerá una mejora, que seguramente traerá algo de alivio a una sociedad que busca respuestas.

Vehículos secuestrados se 

destinarán a fuerzas de seguridad

Otro de los anuncios que hizo el Poder Judicial es que se aportarán los vehículos judicializados, que se entregarán provisoriamente a las áreas especiales de investigación de la Policía y a las áreas de custodia de la seguridad. 

Los vehículos se transfieren al Ministerio de Seguridad, que dispondrá de ellos para asignarlos a reforzar las tareas en un ámbito donde muchas veces se han marcado severas carencias. Es una iniciativa que se ha podido destrabar luego de casi cuarenta años, teniendo en cuenta que deben intervenir múltiples instancias, como el Registro de la Propiedad Automotor y el Ministerio del Interior de la Nación.