“La Cámara en lo Contencioso y Administrativo local rechazó la apelación que había interpuesto el Municipio y por lo tanto confirmó esta cautelar para que se suspenda cualquier actividad en esa zona hasta tanto no se presente un evaluación de impacto ambiental, es decir, un procedimiento administrativo y no un estudio como se dijo”, aclaró.

Al respecto, Esaín explicó que “lo que hace falta es dar el primer paso que nunca se dio y realizar un estudio para saber si realmente se puede contruir en esa zona norte de la ciudad sin generar impactos ambientales negativos”.

“Se debe hacer también un estudio de prefactibilidad para saber si la decisión de emplazar en ese lugar este tipo de proyectos es adecuada. Para ello es necesario saber qué es ese sitio, teniendo en cuenta que en los últimos años se disfrazó que es un baldío cuando en realidad toda la vida fue un espacio verde para los vecinos”, señaló.

Además, el abogado precisó que “el Municipio está obligado a pedirle a PROCREAR el estudio de impacto ambiental que justifique por qué se eleigió ese lugar en concreto. Posteriormente, se debe pedir a las áreas internas del Municipio que se expida sobre esta factibilidad y ver qué dicen los técnicos de Medio Ambiente. Por último, después de recoger toda esta información hay que exponerla ante la ciudadanía en una audiencia pública para que opinen al respecto”.

“No falta un estudio, sino todo un procedimiento que en ningún momento se realizó y es por esto por lo que ahora estamos en esta instancia. Elegir mal el lugar desde un inicio, que es lo que se hizo aquí, implica una serie de gastos y condicionamiento para toda la comunidad que hacen el proyecto inviable. Cuando se elige un lugar adecuadamente y se respetan los pasos administrativos no se llega a esta instancia”, añadió.