Por unanimidad, la Cámara baja consideró que no hay impedimentos para que la Justicia continúe con la investigación sobre las compras de OSEP.
El diputado Miguel Vázquez Sastre fundamentó en el recinto que los fueros "no son derechos personales sino prerrogativas que se establecen a partir de la Constitución a los legisladores en ejercicio de sus funciones. Tiende a que puedan ejercer su función sin ningún tipo de presión". En la argumentación se refirió a las inmunidades parlamentarias que están garantizadas en la Constitución Nacional y Provincial.
En esta línea hizo referencia al artículo 69 de la Constitución Nacional y el 104 en la Provincial que establece: "Ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto en el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de un crimen que merezca pena de muerte (...)". Fue en este punto que Vázquez Sastre aclaró que si bien Aguirre es un legislador electo no fue sorprendido "en delito in fraganti, o en alguna conducta reacia contraria al Poder Judicial".
"Consideramos que tranquilamente puede seguir este proceso, se lo puede llamar a indagatoria y continuar con todos los actos procesales que sean pertinente. Por eso, hemos determinado la devolución sin más trámite de las actuaciones para que siga el proceso penal" sentenció el legislador del FCS.
Así, en un breve trámite, se dio por finalizada la polémica del pedido de desafuero a Aguirre ya que el FCS y el interbloque acordaron no polemizar por las irregularidades denunciadas por la administración de la obra social.
Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto del diputado Hugo Argerich por el que propone la creación de 1.000 puestos de empleo a través del programa de Generación de Empleo Privado. Se acordó que cuando la ley entre en vigencia se derogará el decreto del Ejecutivo por el que puso en marcha un programa similar en los días previos a la elección del 13 de marzo.
EL TRÁMITE
La causa
En abril, el diputado Julio Cabur denunció que la OSEP gastó, durante 2010, 60 millones de pesos en medicamentos oncológicos. Una erogación que no se justificaba en función de la cantidad de pacientes oncológicos.
De ese monto, 18.5 millones de pesos fueron para la droguería Libra, de Santiago del Estero. Se trata de una firma que fue inhabilitada a comienzos del año para el tránsito interjurisdiccional por la ANMAT.
El director de la OSEP desmintió la magnitud de las compras realizadas. De todos modos, Cabur presentó una denuncia en la Justicia.
El fiscal Juan Pablo Morales lleva adelante la investigación. En ese marco, le pidió al juez de Control de Garantías, José Carma, que determine si Aguirre tenía fueros. El juez consideró que goza de ese privilegio y por ello pidió el desafuero a la Cámara baja.




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