La Justicia declaró la inocencia de José Assa, ex presidente del Colegio de Bioquímicos de Tucumán, en una causa penal abierta en 2010, en virtud de la denuncia del colegiadoRicardo Gaete. El 8 de septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmó la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que había sobreseído al dirigente acusado de una supuesta administración fraudulenta. En consecuencia, el ex imputado no irá a juicio oral como había solicitado Washington Navarro Dávila, fiscal de Instrucción N° 5.

Los vocales Antonio Estofán (preopinante), Antonio Gandur y Daniel Posse dijeron que el requerimiento formulado por el fiscal era una mera descripción de los hechos relatados por Gaete. 

“Sin embargo, del análisis de las constancias de la causa y de las incorporadas durante la investigación penal preparatoria no surge ni existe ninguna prueba de donde se pueda deducir: 1) la existencia del tipo que configura la conducta penal reprochable (administración fraudulenta) a Assa; 2) el perjuicio específico ocasionado a la víctima u otras personas involucradas y 3) el dolo en el obrar del imputado, requisito necesario para el encuadramiento del delito”, expresó la Corte. Estofán, Gandur y Posse dijeron que el mecanismo de distribución de fondos que había cuestionado el denunciante era de adhesión voluntaria: “Gaete puede optar por no formar parte de dicho sistema de percepción y distribución de fondos, e inscribirse en la página web del PAMI para percibir (el dinero) directamente de este ente correspondiente a las prestaciones realizadas por su parte, sin la intermediación del Colegio de Bioquímicos”.

Un año antes, los camaristas Eudoro Albo y Liliana Vitar -intervino en la causa aunque está casada con Navarro Dávila- afirmaron que Assa, en su carácter de presidente de la entidad intermedia, no había hecho otra cosa que cumplir con el mandato dado por la Asamblea Extraordinaria del 7 de octubre de 2008, que se inclinó por el mantenimiento del sistema solidario para los tres niveles de atención. Ante la Corte, Gaete había alegado que esa decisión era nula y que el delito que denunciaba se perfeccionaba desde 2006.

De acuerdo con la denuncia contra Assa, el Colegio incumple el contrato celebrado con el PAMI en perjuicio de los prestadores de pacientes ambulatorios, categoría que incluye a Gaete. Según ese bioquímico, el Consejo Directivo incorpora arbitraria e ilegalmente desde 2006 a los prestadores de pacientes internados en clínicas y sanatorios en la distribución de los fondos enviados por la obra social para el pago de los profesionales que trabajan con ambulatorios.

“Desde hace más de siete años sufro una reducción injusta de mis ingresos y debo afrontar los gastos para revertir esta defraudación. Por su parte, los responsables del hecho ilícito continúan desviando fondos en beneficio de terceros”, expresó en su momento Gaete en un escrito en el que ataca la oposición a la elevación a juicio que presentó Marcelo Pasqualini, abogado del Colegio.

La defensa de Assa había manifestado que este se limitaba a cumplir órdenes de la asamblea, autoridad máxima del Colegio, y que ese órgano se pronunció a favor de mantener un sistema solidario que incluya a los profesionales que prestan servicios a clínicas y sanatorios. 

“En cumplimiento de tal manda, el Consejo Directivo evaluó que la mejor distribución era la que se venía haciendo. Es decir, destinar el 20% de los fondos (del PAMI) a la atención de los pacientes internados y el 80%, a los ambulatorios”, había explicado Pascualini. El defensor había precisado que correspondía sobreseer a Assa porque este integra un Consejo que en modo alguno puede oponerse a la asamblea. “Gaete nunca objetó formalmente lo resuelto por aquella y, por ende, la resolución quedó firme. En el presente, el denunciante y su esposa son los dos únicos bioquímicos en desacuerdo con lo dispuesto por la asamblea”, había manifestado el letrado.

Hace dos años, el denunciante había calculado que el monto total en juego ascendía aproximadamente a $ 14 millones. “Lo resuelto por la asamblea es nulo. No es relevante si los demás bioquímicos no reclamen”, había objetado Gaete. A su turno, el ex presidente había dicho que conflicto entre el denunciante y el Colegio venía de largo, y que, en el ínterin, la entidad le había suspendido la matrícula durante tres meses como consecuencia de las irregularidades detectadas en su laboratorio por el Siprosa (dicha sanción fue revocada por el Poder Ejecutivo). Assa había añadido: “Gaete sólo busca una ventaja económica. Fue a la Justicia para generar presión: usa el sistema judicial como estructura de extorsión”.