La medida fue dispuesta por el ministro Casal, a través de la Resolución 2109/11 y, según se indicó, "apunta a mejorar las condiciones de detención, reasignando recursos para la prevención y reafectando espacios edilicios a destinos útiles para posibilitar una mejor atención al ciudadano"
La medida adoptada apunta a mejorar las condiciones de detención, seguir reasignando recursos policiales para tareas de prevención y reafectar los espacios edilicios a destinos útiles para cada comisaría que posibiliten una mejor atención al ciudadano.
Dicha decisión representa la consolidación de las medidas articuladas en la fusionada cartera de Justicia y Seguridad, que han posibilitado, a la fecha, la remisión de más de 2000 presos de comisarías al ámbito del Servicio Penitenciario.
De esta manera, se aloja a las personas detenidas en las Alcaidías Departamentales, plazas penitenciarias rehabilitadas y otras del Programa "Casas por cárceles".
Asimismo, se informó que la cifra actual de detenidos en comisarías es de 2.122, la más baja de los últimos quince años.
Situación: Números
versus números
En la provincia de Buenos Aires hay en total de 30.132 detenidos, 26.092 en cárceles y 4040 en comisarías. Si se cotejan los detenidos actuales con los detenidos al iniciarse esta gestión, se advierte un crecimiento de 3145 personas, según datos del informe anual -de principios de este año- del Comité Provincial Contra la Tortura.
Según datos del informe anual, hay más de 4 mil personas en dependencias policiales -lugares que no están preparados para alojar detenidos e indican que las dependencias de distritos como, por ejemplo, Quilmes, en el Conurbano, presentaban niveles de sobrepoblación del 113 por ciento a febrero de 2009, ya que alojaban 290 personas en lugares que sólo admitían 138. Las comisarías de Lomas de Zamora, por dar otro ejemplo, llegaban, en algunos casos, hasta un 300 por ciento de sobrepoblación”.
Según el informe, a contramano de las afirmaciones que suponen que la población carcelaria entra por una puerta y sale por la otra, los porcentajes de detenidos con prisión preventiva llegan al 71 por ciento en el caso de los varones adultos y en el caso de las mujeres asciende al 76 por ciento.
El mismo panorama se observa con los menores. De los 470 jóvenes privados de libertad por causas penales, el 70 por ciento está detenido bajo la figura de la prisión preventiva y sólo un 5 por ciento se encuentra en situación de juicio o ya condenados.
En el caso de las mujeres, aun cuando una modificación legislativa propició medidas morigeradoras o alternativas a la prisión, el impacto no ha sido significativo: sólo un 1,3 por ciento de la totalidad de las mujeres detenidas recibió el beneficio de la morigeración (en 2008 el porcentaje fue del 0,43 por ciento). Como contrapartida, en el último año el porcentaje de mujeres detenidas aumentó un 29 por ciento.
“Es necesario que el Poder Judicial deje de usar la prisión preventiva masivamente como pena adelantada. La sobrepoblación carcelaria es responsabilidad primaria del Poder Ejecutivo, pero también del Poder Judicial: su responsabilidad no termina con el dictado de prisión preventiva o con una sentencia condenatoria sino que se prolonga con la ejecución penal”, afirma la Comisión en su informe.
Los menores
institucionalizados
En materia de políticas de niñez, el informe señala que la ampliación de los derechos de los niños consagrada por Ley de Promoción y Protección (ley 13.298) no fue acompañada por la necesaria inyección de recursos financieros.
Los servicios locales y servicios regionales –ámbitos de contención para los niños en situación de vulnerabilidad- funcionan de manera deficiente. Y restan crearse organismos tales como el Observatorio Social y el Defensor de los Derechos del Niño.
Como contracara de estas deficiencias en el terreno de la promoción, se observa en la provincia de Buenos Aires un incremento importante de la detención de jóvenes en institutos cerrados y de recepción.
Esto ha llevado a la sobrepoblación y alojamiento en lugares no habilitados para ello, como por ejemplo el uso de comedores abandonados donde los jóvenes debían dormir sobre mesas de cemento y sin luz eléctrica (Nuevo Dique) o un niño de 13 años y uno de 17 años que debían dormir compartiendo el mismo colchón sobre el piso (Centro de Recepción La Plata).
El accionar policial resulta el eslabón del sistema penal que provoca la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en la Provincia.
Aun cuando está expresamente prohibido el alojamiento de menores de edad en comisarías, de una encuesta realizada con adolescentes alojados en tres institutos penales se desprende que el 100 por ciento permaneció dentro de una comisaría al momento de ser detenido.
La muerte
entre rejas
En materia de violencia institucional, el número de muertes en las cárceles creció. En el año 2009 murieron 116 personas en el sistema penitenciario provincial. En el año 2008 las muertes habían sido 112.
Las muertes por VIH-sida y por las denominadas enfermedades oportunistas (tuberculosis, neumonía, hepatitis) constituyeron en 2009 la principal causa de muerte en unidades penitenciarias.
Por otro lado, el Informe afirma que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes perviven y son prácticas sistemáticas en los lugares de detención.
Cuando estos casos son denunciados, en general los jueces apelan a los tipos penales más benévolos para los victimarios y en contados casos se los tipifica como torturas, reforzando la sensación de impunidad para estas prácticas.
En Rojas, por ahora,
la situación está controlada
La sobrepoblación de las dependencias policiales del interior bonaerense, lo cual incluye a la de nuestra ciudad, es un problema de vieja data.
La morosidad de la justicia en la resolución de las causas penales y en el dictado de las correspondientes órdenes de prisión, obliga a que muchos detenidos estén alojados durante interminables temporadas en los sectores de seguridad de distintas comisarías.
Este preocupante fenómeno se replica también en nuestra ciudad, por lo menos, de manera periódica, ya que actualmente el nivel de sobrepoblación, que lo hay, no es en extremo preocupante.
Comúnmente, el sector de seguridad de la dependencia policial local, tras ser, como se recordará, reformado y mejorado, permite en su mejor utilización alojar a no más de nueve detenidos, incluyendo el calabozo para personas de sexo femenino y el espacio para contraventores.
Ahora bien: según los últimos datos, en la comisaría local hay por lo menos trece detenidos, lo cual significa que necesariamente han sido ocupados y sobreocupados todos los espacios disponibles. De hecho, la cúpula policial local debe obrar con suma prudencia y con mucha inteligencia, para evitar que los detenidos, por el hacinamiento, incurran en una constante del encarcelamiento: el motín.
En esto, justo es reconocerlo, pesa mucho el manejo de la gestión que realizan el jefe distrital de la Comunal, Crio. Fabián Aguirre, y el titular de la dependencia, su par José Becerro: profesionales con experiencia, saben cómo tratar a la población carcelaria para mantenerla contenida, cumpliendo además con todas las pautas reglamentarias que, periódica y sorpresivamente, son constadas en inspecciones de las autoridades judiciales.
No es un dato menor. Hace algunos años, como se recordará, se produjo en Rojas un amotinamiento de los detenidos en la dependencia local. Esto obligó a que concurriesen a Rojas efectivos especializados en la contención de revueltas; hubo incendios y destrozos en el sector de seguridad de la comisaría, y luego una serie de traslados para normalizar el panorama. Es decir que el antecedente, preocupante, está.
También, aunque no haya nunca información al respecto, se sabe que son constantes -y pueden ser gravísimas- las riñas entre detenidos, fruto directo del hacinamiento forzado. Y para quienes no lo sepan, cabe aclarar que una pelea entre reos no es como una pelea en la calle, a la salida de un boliche: es muy peligrosa y sus consecuencias son imprevisibles; pueden derivar desde la agresión directa al personal policial o en un motín.
En Rojas la situación es similar a la de otras dependencias del interior. Hay por ejemplo detenidos por delitos de índole sexual que no pueden ser mezclados con la población regular; hay detenidos con antecedentes de delitos de alta complejidad, que son delincuentes de suma peligrosidad, y para quienes estar en una comisaría es una suerte de "vacación" de una unidad penal.
Los comisarios, en general, procuran manejar de la mejor forma posible una situación que, per se, constituye un callejón sin salida legal: no es posible no admitir a un detenido; y cada detenido nuevo en una dependencia implica un cambio radical y potencialmente peligroso en el dificultoso equilibrio de las interrelaciones de la población carcelaria.
Por otro lado, es preocupante que no se avizore una salida para este complicado panorama. Y, seamos, sinceros, no sabemos hasta dónde influirá el cierre de noventa calabozos en el territorio provincial.
De momento, las sobrecargadas dependencias policiales del interior bonaerense se ven obligadas a un incesante trajín que dimana del movimiento casi diario de detenidos que tienen destinos a unidades penales aún no resueltos. Unidades penales que, por otra parte, tambén están, como hemos visto, peligrosamente sobrepobladas.
Impacto de la medida
Evidentemente, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos a través de esta disposición.
Como hemos hecho notar, la medida no involucra el sector de seguridad de la dependencia policial local, ni los que existen en las subdependencias de Carabelas y Obligado.
Por ende, no sea cosa que si el Servicio Penitenciario no puede absorber los miles de detenidos en dependencias que deberían ser trasladados a penales, comience otra vez una "circulación" de presos que termine haciendo colapsar los sectores de seguridad de dependencias como la nuestra.
Un crítico informe elaborado por el Consejo de Defensores Generales bonaerenses en el documento "Monitoreo de condiciones de detención en unidades carcelarias", habla de "condiciones denigrantes" como herencia antidemocrática.
Hay un dato que resulta alarmante: en la Provincia hay casi el doble (el 192%) de detenidos de los que el sistema está en condiciones de soportar cumpliendo con las leyes vigentes. Plantea que hay lugar para 15.600 pero los detenidos son casi 30.000.
La información utilizada como insumo básico en el trabajo se obtuvo durante las visitas que los funcionarios realizaron a los centros de detención de la provincia de Buenos Aires entre septiembre de 2009 y junio de este año.
El estudio se focalizó sobre puntos concretos: los espacios de las celdas y pabellones, la vigilancia, la gestión de la vida en la cárcel, y la selección de los lugares de alojamiento.
Entrevistas con detenidos y penitenciarios, plan edilicio elaborado por el ministerio de Justicia, informes del Poder Ejecutivo e informes de ONG's, fueron algunos de los parámetros utilizados para el análisis y la elaboración del trabajo.
Desde el Consejo de Defensores se concluyó que hay que poner límites a las prisiones preventivas. Propuso en cambio el dictado de una ley de cupos penitenciarios que permita variar el eje de la construcción de cárceles y "poner coto" al traslado de detenidos.
Una ley de cupos permite "ejercer un control del Estado tendiente a monitorear aquellos factores generadores de condiciones inadecuadas de detención".
Eso no sólo tiene que ver con la capacidad de alojamiento del penal, sino con las posibilidades reales que las condiciones físicas de dicho lugar tienen para brindar "un trato adecuado a las personas privadas de libertad".
"Únicamente la ley de cupos permitirá implementar" y acentuar el papel de garante "que el Estado tiene sobre la realización de los derechos de los detenidos", dice el informe.
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