En una muestra de total subordinación de la Justicia al poder político, se difundió ayer un fallo que va totalmente en contra del derecho a huelga que tienen los trabajadores, que es de carácter constitucional y que está amparado además por convenciones internacionales.

Se trata de la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la ciudad, que rechazó el planteo realizado por los gremios docentes bonaerenses para que la Gobernación provincial devuelva los descuentos salariales practicados a los maestros que se adhirieron a los paros del 23 y 24 de octubre y 22 y 23 de noviembre del año pasado, descuentos que fueron desde los 600 a 1.200 pesos por trabajador.

El fallo fue dictado por los jueces Gustavo Spacarotel, Gustavo De Santis y Claudia Milanta la semana pasada pero trascendió ayer.

Se trata de un completo aval a la decisión del gobernador Daniel Scioli de aplicar duras quitas salariales a los maestros que realicen paros, y no casualmente llega en momentos en que la discusión paritaria con los docentes está trabada.

La resolución es una herramienta de presión que la Provincia utilizará para intentar que no haya protestas que puedan entorpecer el inicio de clases. Es que la oferta salarial de la administración bonaerense -tanto para docentes como para estatales- no alcanza para cubrir las expectativas inflacionarias, y si no se modifica difícilmente se inicie normalmente el ciclo lectivo.

Cabe recordar que no es la primera vez que esta Cámara falla a favor de los poderes políticos y en contra de los intereses populares: es la misma que autorizó la suba de 180% en las tarifas de agua el año pasado.

Una pelea con contramarchas

La batalla judicial por los descuentos tuvo su primer capítulo el 3 de diciembre cuando el juzgado Contencioso Administrativo 1 aceptó un amparo presentado por los sindicatos y ordenó a la Dirección de Escuelas “abstenerse” de aplicar las quitas por los cuatro paros de octubre y noviembre.

No obstante, el viernes 7 los maestros pasaron por los cajeros y se encontraron que los descuentos se habían practicado igual, aunque únicamente a los afiliados de los gremios del magisterio, aun a aquellos docentes que se encontraban de licencia por enfermedad, maternidad u otra causa.

Con esa situación, los sindicatos ampliaron el recurso ante la justicia, denunciando que “las quitas implicaron una práctica desleal con una clara persecución gremial”.

Mientras, el gobierno apeló a través de la Fiscalía de Estado la resolución de primera instancia y el conflicto quedó en manos de la citada Cámara de Apelaciones, que el 26 de diciembre dispuso “su concesión con efectos suspensivos”, manteniendo la aplicación de los descuentos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Ahora, la Cámara avanzó sobre ese punto haciendo lugar a la apelación del Ejecutivo, dejando sin efecto la cautelar obtenida por los gremios y rechazando la ampliación en la que se denunció descuentos solamente a los afiliados, por lo que no se devolverá el dinero retenido.