“Ya han rematado casas por deudas a Samsa, lamentablemente la gente nos viene a ver cuando ya los están por desalojar”, comentó preocupado el titular Consumis, Rolando Gutiérrez, al respecto de un nuevo remate que se concretó en Posadas, contra una propietaria por deudas con la empresa Samsa. El responsable esta ONG de defensa al consumidor advirtió que el remate concretado recientemente por orden de la Justicia Provincial no tuvo en cuenta la carencia de recursos de la demandada y por otra parte, incumple con lo establecido por la ley de privatización de la empresa proveedora de agua potable en la capital provincial. Gutiérrez también cuestionó con dureza a los funcionarios del Eprac (Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas), quienes no defendieron a la damnificada, que perdió su casa por una deuda inicial de 2000 pesos.

“Estamos tratando que la justicia no desaloje a esa gente, y nos llama muchísimo la atención, porque en su momento, habíamos quedado con la gente del Eprac que no se iban a rematar casas por supuestas deudas”, señaló Gutiérrez en diálogo con misionescuatro.com. “Digo supuestas (deudas) porque uno nunca sabe cuando uno tiene una deuda con Samsa”, completó el titular de Consumis.

De acuerdo con Gutiérrez, “en este caso es muy especial porque hace 10 años que le habían cortado el agua a esta persona, que le remataron la casa. Es una señora muy pobre que lamentablemente, come chipa y toma mate con el agua que le dan los vecinos. Y eso la justicia no lo supo ver, simplemente remató la casa por una deuda que inicialmente era de 2000 pesos”, disparó el director de la ONG mencionada.

“Es una barbaridad, es un ranchito, y se avanza sobre una persona que no tiene ni para comer, ni luz, ni agua. No tiene ningún servicio de la ciudad de Posadas, y no tiene ni siquiera para defenderse (legalmente) El juez me preguntó por qué no se presentó antes y yo le dije: ‘pero si no tiene ni para comer, menos va a tener para ver a un abogado’”, remarcó Gutiérrez.

Por otra parte, el titular de la organización sin fines de lucro enfatizó que los remates de viviendas están expresamente prohibidos por la Ley 3391 de privatización de la desaparecida empresa estatal proveedora de agua potable APOS, que “prevé que no se rematen casas por deudas con Samsa. (Asimismo) hay subsidios que les tienen que dar a la gente que no puede pagar la deuda. El 650 del 2000 y el 1824 del 2001 (entre otros) que son para personas que no pueden pagar. En concordancia con el espíritu de la ley que establece claramente que no se van a rematar casas por deudas con Samsa. Es un servicio público”, recordó el director de Consumis.

Para Gutiérrez, la decisión de la justicia provincial “es una guasada. No entiendo dónde está la cabeza del Ejecutivo provincial porque recordemos que los directores del Eprac, son nombrados directamente por el gobernador Maurice Closs”, precisó Gutiérrez en franca crítica al órgano manejado por el rovirista Timoteo Llera. “Hay dos defensores de los usuarios que son elegidos por Cámara, pero no se sabe dónde están. Uno está en la Defensoría de Gobierno y el otro no sabemos quién es y nunca se los puede encontrar en el Eprac”, remató el titular de la ONG mencionada.

“Sigue siendo una cuestión política el Eprac”, concluyó.