El juez Juan Francisco Pisa dictó una restricción de acercamiento contra dirigentes de La Bancaria y contra los ex empleados de la Caja Popular de Ahorros (CPA) que participaron en los incidentes de la semana pasada en la institución, que terminó con una represión policial y varios heridos.

Según la resolución los dirigente de la Asociación Bancaria de Tucumán Carlos Cisneros, Eduardo Borlé (hijo), Rubén Moisello, Eduardo Bourlé (padre), Mario Nuñez, Cecilia Sánchez Blas y Hugo Ledesma no podrán acercarse a la Caja Popular a menos de 300 metros en los próximos 60 días y deberán abstenerse de realizar manifestaciones contra empleados y familiares de dicho lugar. Los tres primeros no son trabajadores de la CPA, mientras que los restantes gozan de licencia gremial.

La resolución también rige para otros 28 militantes de la Bancaria que no son empleados de la CPA.

La resolución judicial se dio luego de una masiva ‘marcha por la paz’ que realizaron ayer alrededor de 500 trabajadores de la Caja, alrededor de la plaza Independencia y luego se dirigieron hasta Tribunales de avenida Sarmiento en repudio a los hechos de violencia ocurridos el martes pasado.

Marcha de La Bancaria

Mañana habrá una marcha en esta provincia de la que participarán trabajadores de todas las seccionales del sindicato de La Bancaria, donde se reclamará la renuncia de los responsables de la "salvaje represión". El conflicto entre la Bancaria y el Gobierno estalló en septiembre de 2012, cuando el Poder Ejecutivo tomó $ 172 millones de los fondos de garantía de la Caja Popular, a cambio de Letras del Tesoro.

En 2013, la situación se agravó cuando no se les renovó el contrato 36 personas y comenzaron los enfrentamientos.