La novedad es importante. Hasta esa resolución, el delito se tramitaba por la vía administrativa generando una larga serie de caminos burocráticos de dudosa eficacia, en todo caso redimibles por multas o sanciones, pero sin la gravedad de un proceso por un delito mucho más severo. Para llegar a esta instancia ya se habían presentado numerosos casos en la Fiscalía Penal, pero ninguno de ellos, hasta ahora, había tenido respuesta favorable, por lo que se empieza a crear jurisprudencia en la materia. 

No está claro aún que tipo de sanciones podrían decretarse en la continuidad de las causas, pero no se descartan arrestos o sanciones fuertes, además de los inconvenientes para los propietarios de las tomas clandestinas de afrontar un juicio en instancia penal.

La disposición, que se esperaba desde hace tiempo, permite continuar con el trabajo de detección y levantamiento de las tomas pero ya con el aval de un juez, con la actuación de la policía y un encuadre mucho más severo para evitar que se sigan renovando las instalaciones ilegales que dañan el sistema y, sobre todo, a los regantes.

Recordemos el rastrillaje minucioso que se ha hecho sobre canales como el Goudge, Pavez, Salas, El Toledano, Las Paredes, y en muchos de los casos encontraron sustracción de agua perteneciente a establecimientos muy importantes. 

También se han detectado casos en que el agua sustraída no es para riego sino para usos recreativos o de mantenimiento de parques, sobre todo en áreas que fueron productivas bajo riego pero con el tiempo se han transformado en residenciales.