Desde Justicia Legítima Jujuy manifestaron “que no nos oponemos a la marcha denominada “18F” sino que con fundadas razones desconfía de los fines del grupo de fiscales y funcionarios judiciales que, con el apoyo y adhesión de personajes públicos y dirigentes políticos, utilizan la muerte del fiscal Nisman, para transmitir mensajes confusos, contradictorios y desestabilizadores; promoviendo intereses y posicionamientos personales”.

Refuerzan esta afirmación la lista de adherentes que “encumbra a los más álgidos opositores al gobierno así también como personajes que han demostrado una actitud oportunista respecto a la vida política de nuestro país en los últimos años”.

Más adelante dicen que “el mensaje a la opinión pública por parte de este grupo de fiscales y funcionarios judiciales que reclaman respuestas -cuando por su función específica deberían estar ofreciéndolas- es lesivo para el Poder Judicial, dando lugar a especulaciones y conclusiones seudo criminalísticas de uso político y espurio como las que se están realizando y difundiendo compulsivamente a través de medios con intereses políticos. Estos funcionarios que hoy exigen “la verdad” han mantenido una posición histórica en sus funciones que no se condice con la transparencia e independencia del poder judicial”.

Para finalizar sostienen que “parte de los fiscales que llaman a esta movilización, cometieron irregularidades en la causa AMIA y el atentado a la embajada de Israel; trabajaron para favorecer la impunidad en las causas por crímenes de lesa humanidad; alimentaron históricamente las relaciones e influencias espurias con los organismos de inteligencia. Son quienes sistemáticamente se opusieron a los cambios que promueven la transparencia en el Poder Judicial: desde las designaciones de los jueces y fiscales, hasta la forma de investigación de los hechos delictivos; no investigaron importantes casos de corrupción y lavado de activos, seleccionando qué investigar y qué no”.

Justicia Legítima Jujuy señala por último que “la gravedad de las acciones implementadas desde diferentes sectores conservadores, tanto políticos como judiciales, sectores económicos defensores de intereses sectoriales mezquinos y operadores de intereses extranjeros que atentan contra la construcción y la profundización de los procesos democráticos que implicaron una reforma institucional en nuestro país durante estos últimos años. Y estamos convencidos de que con esta marcha no se moviliza por el esclarecimiento de una muerte sino para utilizar políticamente un luctuoso suceso, promoviendo la desestabilización de un gobierno democrático”.