La justicia laboral revisó documentación en oficinas contables de la Fundación Madres

En el marco de la causa que tramita el Juzgado Laboral 1 de Resistencia, y por pedido de las abogadas representantes de los 122 obreros despedidos por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, la justicia realizó un procedimiento de constatación de documentación en la oficinas contables que la institución tiene en Resistencia, ubicadas en el Edificio Plaza de la calle Juan B. Justo 66.

El mandamiento judicial se desarrolló el miércoles y durante casi ocho horas los oficiales de justicia buscaron documentos que acreditaran la relación laboral.

Alejandro Armoa, abogado de la Fundación, consideró a la medida como excesiva, ya que los datos registrales de la relación laboral entre obreros y la institución pueden ser chequeados a través de Anses. "Si bien fue una medida de prueba ordinaria en el marco de la medida cautelar, creo que fue excesiva e innecesaria", comentó el letrado en diálogo con NORTE. Así explicó que, dado que son trabajadores en blanco, los datos están en archivos de los organismos recaudadores. "Toda la documental fue ofrecida en copia al oficial diligenciador", afirmó.

La medida dispuesta por la jueza laboral Ana María Fernández se enmarca en la demanda laboral que su juzgado recibió tras la recusación que los abogados de la fundación presentaron contra la titular del Juzgado Laboral 3 de Resistencia, María del Rosario Barreto. Ante este juzgado había sido interpuesta la demanda por la abogada de los 122 obreros despedidos. La causa quedó caratulada como "Ramírez Roberto Daniel y otros C/Fundación Madres de Plaza de Mayo S/ medida cautelar. Expediente 398/10". La medida cautelar retuvo los fondos girados a la institución desde la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, como garantía del proceso judicial.

La medida de prueba tuvo como objeto constatar la existencia de documentales referidas al personal que trabajó en el proyecto Misión Sueños Compartidos que la fundación desarrolló en el ex Campo de Tiro, empleando a trabajadores del movimiento que conduce Emerenciano Sena. Según pudo saber NORTE, el oficial de justicia enviado a las oficinas contables de la fundación observó y constató la documentación y los datos personales de los 122 trabajadores, y tomó copias de algunas carpetas, para luego incorporarlas a la causa. Las pruebas recolectadas serán agregadas a un expediente anexo al principal.

Ahora, la fundación tendrá dos semanas para ejercer su defensa y contestar la demanda. Mientras tanto, los obreros esperan un posible ofrecimiento para arreglar la deuda que reclaman y comenzar a resolver una de las causas originadas como consecuencia del conflicto que sostiene el MTD Emerenciano y la institución liderada por Hebe de Bonafini.

Esperan oferta

de la Fundación

La abogada Zulema Wanenson, representante legal de los 122 obreros despedidos, no descartó la posibilidad de recibir desde la Fundación Madres una oferta monetaria para saldar la deuda con los trabajadores en virtud del reclamo presentado que supera, con las multas impuestas, los dos millones de pesos. "Siempre estamos abiertos a escuchar alguna oferta para ver si se pueden avenir las partes", dijo la letrada.

Pero más allá de la apertura hacia un posible arreglo económico, prefirió no opinar sobre la posibilidad de reincorporación de los obreros a los trabajos en el ex Campo de Tiro, una hipótesis que parece cada vez más lejana. "Es una cuestión política que ya no está bajo mi competencia", indicó la abogada ante la pregunta de NORTE.

"El Juzgado Laboral 1 emitió una resolución pedida por nosotras -las abogadas- que es una medida de cautela de prueba porque la fundación no había presentado las libretas de desempleo ni la liquidación final de haberes, y quisimos incautar pruebas para no perderlas luego", explicó la letrada. Así dijo que como resultado de los legajos analizados, quedó comprobado que "todos los actores son obreros de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que los depósitos del Fondo de Desempleo no se habían realizado". Sin embargo, desde la institución aseguraron que cada trabajador tiene una tarjeta magnética, aunque las mismas se encuentran en la sede central en Buenos Aires.

"Con esto delimitamos que los obreros realmente dependían de la fundación, que fueron despedidos y que existe una deuda, con lo que todo lo que decíamos se ratificó", remarcó Wanenson. Fue más allá y señaló que las pruebas recolectadas "hacen que antes de comenzar el período probatorio normal de la demanda, tengamos probado que son ciertas todas nuestras aseveraciones".

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