El Juzgado Federal de Zárate-Campana ordenó el viernes la clausura de la terminal portuaria de Gas Natural Licuado (GNL) emplazada en el kilómetro 74 del río Paraná de las Palmas, en el partido de Escobar. La medida es de carácter provisorio y se basa en un estudio pericial que advierte riesgos potenciales muy elevados para la población. En principio, el abastecimiento energético no se vería afectado.

El fallo del juez Adrián González Charvay surge a partir de una denuncia presentada por integrantes de asociaciones ambientalistas en 2011 “por el peligro, severo daño ambiental e ilegalidad en la localización de las instalaciones, así como la presunta comisión de graves delitos”.

Nueve años después llegó a manos del magistrado un informe pericial requerido por la Cámara de Apelaciones de San Martín y sobre el cual se basó la decisión de llevar a cabo el cierre preventivo de la terminal.

El estudio, finalizado el miércoles 14, es categórico al asegurar que existen “altos niveles de riesgos con consecuencias catastróficas por incendios y explosiones, de elevado poder destructivo, tanto en la terminal y su entorno como en la ruta de navegación, que provocarían un elevado número de víctimas fatales”, entre otras potenciales y terribles consecuencias.

Apoyado en esas advertencias, el juez federal ordenó el viernes la clausura preventiva de la totalidad del predio de la terminal de GNL. El cumplimiento de la medida le fue encomendado a la Prefectura Naval de Escobar, que dejó una guardia de consigna en el lugar. Además, se notificó al Ministerio de Transporte y a la Secretaría de Energía.

La decisión judicial no implica por el momento un riesgo para el normal abastecimiento de gas en la Argentina, pero sí agrega una complicación en el futuro.

Tanto las autoridades de Integración Energética Argentina (IEASA) como YPF, quienes operan la terminal de regasificación de GNL en Escobar, se encuentran analizando los pasos judiciales a seguir. “Los jueces no saben ni lo que firman”, expresó una fuente oficial citada por El Cronista.

En el mercado energético aseguran que las tareas de estas empresas en Escobar “cumplen con los más altos estándares a nivel mundial, que garantizan una operación segura para los vecinos del lugar, el medio ambiente y todos los empleados de la compañía que cumplen sus tareas en la terminal”.

Por el contrario, la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar (AAPE) y otras organizaciones afines sostienen que el puerto regasificador, inaugurado en 2011 para paliar la mayor demanda energética nacional, es “una bomba de tiempo”, sea por una posible explosión de la planta flotante o de algún barco transportador que entre por el Río de la Plata y desembarque en el Paraná de las Palmas.

Desde la AAPE emitieron un comunicado (click acá) para informar la decisión del juez González Charvay y destacaron que la pericia concluyó que el puerto regasificador no debió haberse instalado “por el potencial riesgo que implica para la sociedad”.

Abastecimiento asegurado

El puerto de Escobar es el único por donde ingresa gas a la Argentina en barco. Hasta 2018 también estaba la alternativa del puerto de Bahía Blanca, que fue discontinuado por el anterior gobierno nacional.

El último cargamento de gas licuado en Escobar llegó hace unas semanas. Desde hace días no se regasifica LNG (por sus siglas en inglés), de acuerdo a los reportes diarios que publica el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), y tampoco está prevista la llegada de buques.

Entre la primavera y el verano cae el consumo domiciliario de gas y habitualmente sobra la producción, por lo que no hace falta que arriben barcos con gas importado.

Pero el buque regasificador de Escobar es clave entre el otoño y el invierno de cada año, cuando la producción local y la capacidad de transporte no alcanza para cubrir los picos de demanda.

Si la Argentina no tuviera esta opción, tendría que comprar en el exterior más combustibles líquidos (gasoil y fuel oil) para el funcionamiento de las centrales termoeléctricas.

La regasificación de GNL en Escobar desde 2010 (y en Bahía Blanca entre 2008 y 2018) ayudó al Estado a ahorrar unos u$s 12.000 millones en importaciones de líquidos.

Actualmente, el fluido también entra por gasoducto desde Bolivia. Otras alternativas, ante faltantes de energía, son la importación de energía eléctrica desde Brasil y Uruguay.