Han pasado siete años y todavía están en litigio. Las víctimas fueron Marcela Paula Sánchez, de 12 años, que murió ahogada en la pileta de la Universidad Nacional de Cuyo en enero de 2006 y cuyo debate comenzó a mediados de mayo, pero después de algunas audiencias se postergó por semanas y aún no termina.

El otro caso que llegó al edificio de Pedro Molina y avenida España está relacionado con la muerte de María José Bauzá, una niña de 8 años que padecía el síndrome de Down y cuyo fallecimiento se produjo a poco de ser atendida por el médico Leandro Di Yacobo, en un hecho ocurrido en agosto también de 2006.

Sin embargo este caso después de varias postergaciones y recursos se llegó a un pedido de probation cuya primera audiencia ya se concretó, pero la resolución del juez estará recién después del paréntesis invernal.

En la pileta

La tarde del 8 de enero de 2006, Marcela Paula Sánchez (12), murió en la pileta de la UNCuyo, cuando una de sus piernas quedó aprisionada en una rejilla que no tenía tapa.

Dos años después, la fiscal federal María Alejandra Obregón, firmó el requerimiento de elevación a juicio, que recién comenzó el pasado 17 de mayo por un Tribunal presidido por Alejandro Piña y que acompañado por Estela Blanco y Juan Antonio González Macías, tiene a cuatro imputados en el banquillo.

Ellos son: Roberto Moyano, director de Deportes, Recreación y Turismo de la UNCuyo, Francisco Sergio Illanes, jefe de coordinación administrativa, Marcelo Quiroga, director del Servicios de la UNCuyo, y su hermano Cristian Darío Quiroga, concesionario de la pileta. Un cuarto intermedio ahora lo postergó.

En una ambulancia

María José Bauzá murió como consecuencia de un edema pulmonar, después de ser atendida en el Centro Integral de la Madre y el Niño, ubicado dentro del hospital Militar, propiedad del médico Leandro Di Yacobo y que denunciado por los padres de la niña, se constituyó en el único imputado acusado de homicidio culposo en concurso real con adulteración de documento público.

Después de varios años donde el expediente transitó por varios despachos, el médico por intermedio de sus abogados, presentó un pedido de suspensión de juicio, en una medida conocida como probation y que es una posibilidad que brinda el sistema penal a los imputados por delitos con penas de menos de tres años de prisión y que no cuentan con antecedentes graves de conducta.

Esta medida que está a resolución del juez Alejandro Piña ya tuvo su primera audiencia (realizada el pasado 28 de junio), donde el imputado ofreció atender -en forma gratuita- a 10 niños por mes y 1.000 pesos en leche para algún instituto.

Este planteamiento encontró el rechazo tanto de la fiscal como de los abogados de la familia Bauzá, doctores Vázquez Viera (padre e hijo) y Ariel Civit.