El Tribunal Oral Federal 1 estudiará el pedido de la fiscalía y decidirá si el juicio que comienza el 11 de noviembre tiene un solo imputado o si arma una megacausa.
La semana pasada, luego de saberse que era inminente la extradición del ex juez federal, Otilio Romano, desde el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) y desde la fiscalía, pidieron al TOF 1, la acumulación de otros expedientes, entre los que figura aquel que contiene los nombres de Romano y de los ex magistrados Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren y Gabriel Guzzo.
En total, si todos estos expedientes se acumularan, el juicio del 11 de noviembre tendría 41 imputados y un centenar de víctimas. Por ahora, tiene uno solo que es Enrique Blas Gómez Saá.
Sin embargo, los miembros del tribunal oral quieren analizar el pedido con calma. De hecho, dos de los integrantes, Alejandro Piña y Raúl Fourcade en los próximos días darán a conocer los fundamentos de la sentencia por un juicio en San Juan. Una vez terminado esto, decidirán lo que ocurre con el pedido de la fiscalía y la querella.
Junto a ellos, el tercer juez que integrará el tribunal de enjuiciamiento es Juan Antonio González Macías, que debe aguardar que la cámara de casación decida sobre una recusación interpuesta por la defensa de Miret, con el fin de que este no pueda integrar el equipo de magistrados que lleve adelante el debate que tenga a los ex jueces cmo acusados.
Las dudas sobre qué hacer
Las interrogantes que maneja el tribunal tienen que ver con los tiempos principalmente.
“Es un tema que va a tener que decidir el tribunal, existen las posibilidades de que se acumulen las causas, habrá que ver lo que es práctico y ver si tienen que estar sólo los jueces o la megacausa o si se junta todo, eso podría hacer durar el debate un año, hasta llegar a la sentencia”, explicaron desde la Justicia Federal.
El problema para algunos integrantes del tribunal es justamente ese año que estiman que duraría el debate si se da lugar al pedido de la fiscalía.
A cambio, también manejan otras alternativas, que es agrupar causas según un punto en común, ya sea por centros de detención, por los padecimientos sufridos o por si los acusados tuvieron un pasado como funcionarios judiciales, como es el caso de Romano y Miret.
“Poder agrupar se puede, hay que analizar hecho por hecho y ver si se hace en tandas o todo junto”, explicaron desde el tribunal.
Para la fiscalía del doctor Dante Vega, la visión es un poco diferente.
Según señalaron desde esa oficina, el pedido de acumular causas tiene que ver principalmente con la idea de acelerar los procesos, tanto para las víctimas como para los imputados y se mostraron confiados en obtener un resultado favorable a su pedido.
El grupo de los jueces
El grupo de los jueces acusados por delitos de lesa humanidad es un punto complicado a la hora de llevarlo a juicio.
Por un lado, la cámara de Casación debe resolver un recurso de la defensa de Miret en contra del juez González Macías, pero también hay uno de los acusados que podría quedar afuera del debate.
Este es Gabriel Guzzo. El ex juez se encuentra delicado de salud y desde la Justicia federal ven difícil que éste pueda afrontar el debate en su contra.
Esto también se definiría en los próximos días, cuando un equipo de médicos enviado por la Corte Suprema de la Nación lo revise, junto a otros acusados por delitos de lesa humanidad y dictamine si tiene capacidad mental y física para ser sentado entre los acusados.
Estiman que Romano llega esta semana
Sebastián del Pozzo, representante del gobierno argentino en Chile para la causa del ex juez federal Otilio Romano, aseguró que el ex magistrado podría ser extraditado a Mendoza esta semana.
“Debiera darse un plazo de 40 días para ejecutar la extradición pero estimamos que dentro de esta semana ya se estaría trasladando a Romano a Mendoza”, afirmó el abogado a radio Nacional.
Del Pozzo también se encargó de explicar que aún no está claro si el traslado del ex magistrado se hará por vía terrestre o aérea y señaló que la decisión la tiene la Cancillería Argentina, que debe esperar primero que el presidente chileno Sebastián Piñera firme la autorización para extraditar al ex juez, acusado de 103 crímenes de lesa humanidad.

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