Los hechos con connotación penal constan en actuaciones realizadas por Miró a solicitud del bloque de la Alianza Frente de Todos de la Cámara de Diputados y en las declaraciones que el funcionario realizó a los medios de prensa, incurriendo en conductas tipificadas como delitos que llevaron a Mendoza a presentar la denuncia ante el tribunal federal competente. La denuncia contra Miró originó estas actuaciones, en las que la Fiscalía Federal analizó la conducta del fiscal general de Investigaciones Administrativas en relación con las conclusiones vertidas en el expediente administrativo caratulado "Bloque de la Alianza Frente de Todos (Cámara de Diputados) S/Solicita intervención ref. hechos en el Ministerio de Salud Pública", y sus posteriores declaraciones en los medios de prensa. Después de analizar los antecedentes del caso a la luz del Código Penal y la ley antidiscriminación, el fiscal remitió al Juzgado Federal el requerimiento de instrucción judicial contra el funcionario, por la presunta configuración del delito de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público tipificado en el artículo 248 del Código Penal, agravado por discriminación en los términos del artículo 2 de la ley contra la discriminación 23592 y las leyes 23753 y 25788 de diabetes.

Hechos y configuración penal

El requerimiento de la Fiscalía, al delimitar los hechos que encuadran en esa tipificación penal, menciona las consideraciones en las que incurrió Miró cuando, en respuesta a un pedido del bloque de diputados de la Alianza, manifestó que Mendoza "padece una afección conocida con el nombre de diabetes" y concluyó que "el hecho acaecido el 26 de febrero de 2009 en un escenario público (Casa de Gobierno) y con un protagonismo político indiscutible (ministra de Salud) demuestra que Mendoza padece una enfermedad que cíclicamente la incapacita para ocupar cargos públicos". El fiscal general de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas es un investigador formal, legal y documental de la gestión general administrativa y de los hechos o actos que pueden ocasionar daños y perjuicio a la hacienda pública, y esas manifestaciones excedieron arbitrariamente el límite legal de sus funciones, ya que no le corresponde dictaminar sobre la incapacidad física o psíquica de funcionarios. Además, llevan ínsita una connotación discriminatoria, no sólo contra Mendoza sino hacia personas que se hallen en una situación física similar, introduciendo una idea o noción de disvalor o diferencia negativa en relación con el padecimiento de diabetes, considerándola generadora de una incapacidad a los fines del desempeño de cargos públicos. La ley 23.753 dice en su artículo segundo, y según el párrafo agregado por el artículo primero de la ley 25.788, que "la diabetes no será impedimento para el ingreso laboral, tanto en el ámbito público como en el privado, y que el desconocimiento de este derecho será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592" (antidiscriminación).