La semana pasada la Cámara de Apelaciones de Córdoba ha dictado un fallo a favor de la CNEA (Comision Nacional de Energia Atomica) por lo que se autoriza a reiniciar los trabajos de explotación minera en el proyecto de uranio de Las Cañas a 20 kilómetros de la ciudad de La Rioja.

Como es de público conocimiento, desde el dia 17 de marzo de 2014 la asamblea antiminera de Capital sostiene un bloqueo a los vehiculos de la CNEA en el ingreso al paraje rural El Duraznillo, evitando de esa manera el avance de los trabajos de exploración que ésta busca llevar adelante en la zona de Las Cañas, a su entender violando con ello la ordenanza capitalina 4930 que prohibe la exploración y explotación de uranio en el departamento Capital.

Ante esto, los sectores antimineros manifestaron su preocupación al respecto y ratificaron que mantendrán el bloqueo para evitar la reactivación de la actividad pese al fallo judicial. “Creemos que no es casualidad que el pasado jueves, el mismo dia que se firmó el fallo, una perforadora intentó pasar por el bloqueo pero los compañeros de guardia no permitieron su ingreso y la hicieron regresar. Esto nos habla a las claras de que esta decisión ya estaba “comunicada” a la CNEA y nos anticipa que el proximo paso será intentar entrar a cualquier costo, esta vez amparados por esta decisión judicial”.

Quien había realizado la presentación de un amparo para evitar la exploración había sido el municipio capitalino, pero la asamblea antiminera ahora duda de que la fiscalía comunal haya realizado los pasos procesales de forma correcta e incluso desliza que podría haber llegado a un arreglo con la Nación para dejar caer la causa, cosa que el Palacio ‘Ramírez de Velazco’ negó.

“No queremos dejar pasar por alto que esta sentencia se toma por la inacción del Municipio de la Capital, que no ha cumplido con los requerimientos formales del recurso de apelación que presentó y debemos decir que no creemos posible que tres abogados de la Fiscalia municipal cometieron un error involuntario”.

Luego amplió que “lo que se deja en claro es aquello que mas de una vez denunciamos: todos los sectores políticos vienen operando de distintas formas para desmovilizar la cuestión de la megamineria de uranio en La Rioja y que el intendente Quintela no tuvo nunca voluntad política de cumplir con la ordenanza 4930 y que igual que el gobernador Beder Herrera se ha sometido a las decisiones del gobierno kirchnerista que busca imponer la mineria y el plan nuclear nacional si o si”.

“La voluntad política del municipio está más que probada”, apuntó en diálogo con Radio La Red Emilio Rodríguez, fiscal del municipio de Capital, al defender el accionar de la fiscalía frente a la actividad minera. Mencionó que todavía no fueron notificados formalmente del fallo de la Cámara de Córdoba, y que llegado el caso podría apelar su decisión ante la Corte Suprema.

“Creo que no se le puede dar toda la responsabilidad a la Capital”, respondió a quienes adjudican a una presunta “inacción” de la fiscalía municipal el fallo de la Cámara Cordobesa.