Tras la presentación del Municipio de nuestra ciudad, la Justicia “intimó al SOEM a liberar y permitir el ingreso al Vaciadero Municipal, al Edificio Central del Municipio de Río Gallegos, como así también de todo edificio, oficina o dependencia de dicha Municipalidad, fijando para el caso de incumplimiento una multa diaria de veinte mil pesos”. Desde el gremio aseveraron estar dentro de la ley porque “ni a los contribuyentes ni a los trabajadores se les ha impedido el ingreso”.
Además, se “intima al SOEM a liberar y permitir el ingreso al Vaciadero Municipal, al Edificio Central del Municipio de Río Gallegos, como así también de todo edificio, oficina o dependencia de dicha Municipalidad, fijando para el caso de incumplimiento una multa diaria de veinte mil pesos”. En este marco, “deberán abstenerse de conductas que impliquen amedrentar compañeros de trabajo no adheridos a la medida de fuerza; impedir el libre tránsito de camiones, vehículos y máquinas destinados a la recolección de residuos y cloacas”.
Otro punto resuelto por la Justicia es “ordenar al jefe de la Policía de Santa Cruz disponga la presencia de efectivos de la fuerza en el Vaciadero Municipal, sus inmediaciones, al Edificio Central del Municipio de Río Gallegos, todo ello a los fines de prevenir el daño a las personas o bienes del Municipio o de terceros”.
SOEM
Frente a lo determinado por la Justicia, desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales señalaron al móvil de LU 12 Radio Río Gallegos que
aproximadamente a las 18.00 de ayer ingresó al Sindicato una notificación proveniente del “Juzgado de Primera Instancia a cargo del Dr. Marinkovic”.
El secretario general del SOEM, Pedro Mansilla, resaltó que “nos solicitan que dejemos libre el ingreso al municipio y los trabajadores no estamos allí presentes, además del resto de los edificios municipales”. El referente del sindicato expuso que “nadie tiene impedido el ingreso a las dependencias, ni a los contribuyentes y tampoco los trabajadores se les ha impedido el paso. Entendemos que estamos dentro de lo que está considerando el Juzgado”.
Mansilla precisó que “piden que nos obliguen a realizar las guardias mínimas de los servicios esenciales, como ser recolección de residuos, cloacas, entre otras, pero en estos puntos no hace lugar la Justicia. Mientras tanto sí hacen lugar a las medidas cautelares, relacionadas con los bloqueos”.
“Las guardias mínimas están garantizadas por los trabajadores municipales, pero ocurre que en un día normal no alcanza el mantenimiento (de la ciudad) por lo deficitario del equipamiento. En un día de lluvia y en medio de un conflicto, igualmente no se podrán resolver los problemas de la ciudad”, expresó Mansilla.
En cuanto al conflicto, expresó que “el Municipio, en vez de empeñarse a buscar una pauta salarial, se dedica a molestar a los jueces ante su incapacidad”.
“Protestas
ilegales”
El concejal José Zavaley criticó duramente los métodos de protesta impulsados por la propia conducción gremial, aún cuando primaba el diálogo entre las partes.
Las metodologías de protesta adoptadas “fueron absolutamente ilegales, rozando en muchos casos lo delictivo, como la quema de cubiertas a pocos centímetros del palacio municipal, en donde gracias a la llegada de los bomberos no se incendió el edificio, a pocos metros de tres colegios que concurren niños de todas las edades” asimismo “el robo de los camiones recolectores, los daños, amenazas y lesiones a personal y particulares que se encontraban en Desarrollo Comunitario el día 9 de abril, y que fueran denunciados oportunamente, dejan al descubierto los ribetes políticos que están gobernando este conflicto”.
El discurso del propio secretario general del gremio, “instando a los diputados a aprobar el paquete fiscal en clara consonancia con el discurso del primer mandatario deja al descubierto su postura política, de alguien que estando al frente de un gremio debería atender a los trabajadores, antes que intentar quedar bien con uno u otro sector político”.
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