La juez civil levantó una medida cautelar que trabó los trabajos hace casi dos años. El municipio reactiva el proyecto, para lo cual hay una financiación de Nación de 30 millones de pesos.
En ediciones anteriores La Opinión Austral informó sobre la situación judicial que pesa sobre terrenos municipales ubicados al este de la ciudad, donde hace casi dos años están paralizados los trabajos de la futura planta de tratamiento de residuos sólidos.
En el 2011, luego de aprobada la ley en la Legislatura Provincial, el Estado Provincial comenzó a tramitar la expropiación de 600 hectáreas a la Estancia 25 de Mayo, propiedad de la familia Aristizabal.
La expropiación fue fundamentada en la necesidad de contar con tierras para que en El Calafate se pudieran realizar necesarias y atrasadas obras, como el traslado del actual basural, la construcción de la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales y la de un nuevo circuito de automovilismo, entre otras.
Los propietarios se oponen a la decisión estatal, no estando de acuerdo con el monto a recibir por esas tierras, y argumentando varios puntos: entre ellos el que es mucha la tierra expropiada para las obras anunciadas.
En la zona llamada “Laguna Seca”, 10 kilómetros antes del acceso a la ciudad, por la misma ruta provincial 11, el municipio tomó posesión de las tierras y comenzó a realizar trabajos para el traslado del basural.
La apertura de una huella para maquinarias y la excavación de grandes fosas que serían utilizadas para el enterramiento de grandes residuos es lo que había comenzado a realizarse en el 2012.
Enterada la familia de esos trabajos, sus representantes se presentaron en el Juzgado Civil de la ciudad para pedir un “no innovar”, denunciando que se estaba incumpliendo con las normativas vigentes que obligan a contar con un Estudio de Impacto Ambiental.
La juez le dio la razón a la demandante y ordenó que la provincia como titular de la expropiación y el Municipio como beneficiario suspendieran los trabajos, y presentaran el EIA requerido.
A principios de diciembre del año pasado, la Municipalidad calafatense presentó el estudio. Elaborado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, a un costo aproximado de 200 mil pesos, el estudio concluye en la factibilidad de la obra que pretende el municipio.
Cuestiones ambientales
Una vez presentado el estudio, el gobierno local comenzó a enviar mensajes pidiendo que la juez Florencia Viñuales no tarde en dictaminar el levantamiento de la medida cautelar.
En coincidencia, hubo varios incendios en el actual basural, lo que complicó a familias de los alrededores. La explicación del municipio apuntó a cuestiones accidentales, pero con la cuestión de fondo sobre la saturación del actual predio y su colapso por la constante llegada de residuos: en síntesis, que se necesita avanzar en la obra paralizada por la juez Viñuales.
Al finalizar la semana pasada la magistrada notificó al municipio de su resolución. Ante el cumplimiento de la presentación del estudio solicitado, decidió quitarle el candado a las tierras y permitir que el municipio continúe sus trabajos.
Fuentes municipales confiaron a la corresponsalía de La Opinión Austral la novedad. Dijeron que el municipio ya está al tanto de la resolución tomada por la magistrada, con lo que se reactivarán los planes de obra.
La decisión judicial podría ser apelada, pero en el municipio indican que igual se reiniciarán los trabajos.
En esas tierras se debe desarrollar un proyecto que cuenta con financiamiento nacional, mediante créditos internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Calafate forma parte de una lista de ciudades turísticas a las que se les facilitan los fondos para desterrar los basurales a cielo abierto, por lo que ya se cuenta con un convenio marco firmado por unos 30 millones de pesos.
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